Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 11/03/2010 14:17
El delegado de Gobierno en Andalucía, Juan José López Garzón, mantuvo hoy que él tenía las competencias para firmar el desistimiento en el proceso de expropiación incoado sobre el hotel de Azata del Sol en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras (Almería) después de que Greenpeace haya trasladado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) el anuncio de la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra la resolución dictada en junio de 2009.
En declaraciones a los periodistas posterior a una visita a la localidad almeriense de Níjar, López Garzón se remitió a la decisión tomada por la Abogacía del Estado, ya que, según indicó, ésta estimó que "se ha actuado con quien tiene la competencia" para firmar la resolución.
De esta forma, el delegado de Gobierno observó la "diferencia en el criterio jurídico" que mantienen ambas partes, por lo que se remitió a la respuesta que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) pueda emitir una vez que se estime el recurso de reposición formulado por la organización ecologista.
El escrito, presentado el pasado día 22 y por el que se dará traslado ahora a la organización conservacionista del expediente para que pueda presentar la demanda, alega que la citada resolución, contra la que ya presentó un recurso de reposición ante el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino, no es conforme a derecho ya que fue firmada por el delegado del Gobierno en Andalucía y no fue fruto de un acuerdo de Consejo de Ministros como sí lo fue el inicio del proceso expropiatorio.
Greenpeace apunta en su comunicación al Alto Tribunal andaluz que "debe ser el mismo órgano que anunció la incoación del expediente el que justifique por qué no se derriba el hotel", ubicado --ahonda-- "dentro del espacio del parque natural Cabo de Gata-Níjar y a 14 metros de la ribera del mar". Este argumento, esgrimido en el recurso de reposición, fue rechazado por el MARM, que respondió a la organización que fue la utilidad pública, que persiste, la que fue aprobada por el Consejo de Ministros.
El delegado del Gobierno en Andalucía, Juan José López Garzón, anunciaba en junio de 2009 que el Ejecutivo desistía del procedimiento del proceso de expropiación incoado en diciembre de 2005 sobre el hotel de Azata del Sol a la espera de que el Ayuntamiento de Carboneras (PSOE) revisase por orden judicial la licencia municipal de obras concedida al inmueble y el TSJA se pronunciase sobre los recursos interpuestos contra la sentencia que en septiembre de 2008 declaró nula la licencia municipal del inmueble.
La resolución de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar apelaba a la obligada aplicación de los principios "consagrados constitucionalmente" de eficacia y eficiencia en la gestión de los recursos por parte de la Administración y se adhería al informe emitido por la Abogacía del Estado en el que se subrayaba la conveniencia de proceder al "desistimiento" ya que podía verse afectado el "justiprecio" acordado con la promotora Azata del Sol.