Objetores se retractan y no acuden al Tribunal de Estrasburgo para centrar sus esfuerzos en "despertar..

EpC.- Objetores se retractan y no acuden al Tribunal de Estrasburgo para centrar sus esfuerzos en "despertar conciencias"

   SEVILLA, 23 May. (EUROPA PRESS) -  

   Los padres objetores a Educación a la Ciudadanía (EpC)representados por el abogado Carlos Seco, que no suponen la totalidad de este colectivo, han decidido no acudir finalmente al Tribunal de Estrasburgo de Derechos Humanos, tal y como anunciaron el pasado mes de enero cuando el Tribunal Constitucional les comunicó la no admisión a trámite del recurso interpuesto contra el currículo de la asignatura en el Supremo, con la intención de centrar a partir de ahora "todos sus esfuerzos en despertar las conciencias de las familias".

   Según adelantó a Europa Press el abogado y coordinador del Observatorio para la Libertad en la Educación (OLE), Carlos Seco, los padres --que han estado esperando hasta la fecha saber qué postura recogería al respecto de la mencionada asignatura el fallido Pacto Social y Político por la Educación-- han tomado definitivamente esta decisión confiados en que su tarea ahora es la de alertar a las familias de "la evidente intromisión ilegítima que, a través del sistema educativo, se está produciendo en su derecho a educar a sus hijos".

   Por ello, a partir de estos momentos tomarán "una postura activa, impugnando contenidos o actividades escolares y extraescolares" que lesionan dichos derechos "no sólo a través de EpC, sino también a través de otras materias como pueden ser Ciencias para el Mundo Contemporáneo o la llamada Educación afectivo-sexual".

   Al respecto del programa de educación afectivo-sexual, añadieron que con su enseñanza en las aulas "se podría estar cometiendo una conducta castigada por el Código Penal mediante el delito de provocación sexual de menores". Como ejemplo, citaron "unas viñetas de contenido sexual explícito" en las que se escriben "unas acciones, comportamientos o conductas sexuales que si se tratara de fotografías o de vídeos se calificarían de pornográficos".

   Según insistieron los objetores, todo este "material didáctico" se dirige a alumnos menores de edad, por lo que se "podría estar incurriendo en el delito de provocación sexual de menores de edad y pudiera ocurrir que algún profesor o encargado de impartir la materia se encontrara con una querella criminal", ya que este delito está castigado con pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses.

   Al hilo de ello, Seco recordó que esto se "ampararía" en lo establecido por la Exposición de Motivos de la LO 11/1999, de 30 de abril por la que se modificó el Código Penal en materia de delitos contra la libertad sexual y, según la cual, "los bienes jurídicos en juego no se reducen a la expresada libertad sexual, ya que también se han de tener muy especialmente en cuenta los derechos inherentes a la dignidad de la persona humana, el derecho al libre desarrollo de la personalidad y la indemnidad o integridad sexual de los menores e incapaces, cuya voluntad, carente de la necesaria formación para poder ser considerada verdaderamente como libre, no puede ser siempre determinante de la licitud de unas conductas que, sin embargo, podrían ser lícitas entre adultos".

EL RECORRIDO DE EpC

   El pasado 14 de enero, Seco anunció que presentaría ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo el recurso de amparo interpuesto contra la Sentencia del Tribunal Supremo dictada en el recurso contra el currículo de Educación para la Ciudadanía, después de que el Constitucional (TC) le comunicase durante las navidades la no admisión a trámite de la misma.

   En dicho momento, explicó que el hecho de que el TC no hubiera admitido a trámite el recurso en cierto modo les favorecía porque eso les iba a permitir "acudir al Tribunal Europeo con mucha más agilidad, ya que éste contempla que se puede acudir a él la no admisión a trámite por el TC de un recurso de amparo".

   Con este nuevo paso, el letrado pretendía demostrar que este grupo de materias que se imparten en Educación Primaria y Secundaria Obligatoria "violan el derecho de la familia a educar en libertad a los hijos, conforme a sus convicciones, como establece la Constitución en su artículo 27.3".

   Pese a proponer entonces esta iniciativa, las familias objetoras decidieron esperar a conocer el texto del Pacto Social y Político por la Educación para ver qué medidas contemplaba al respecto de la asignatura antes de acudir finalmente a Estrasburgo. Así pues, tras no conseguirse el pacto nacional, han estado deliberando al respecto durante las últimas semanas y han decidido continuar su oposición de la mencionada manera.