SEVILLA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -
El PP ha recurrido ante el Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla el archivo de la causa incoada contra el que fuera alcalde socialista de Burguillos José Juan López, por la compra de una finca de la familia César Torrado por parte de la empresa participada por la sociedad municipal 'Burguillos Natural' Cruz de la Ermita. El PP alega que, al margen de la prescripción de algunos hechos, las diligencias han revelado posibles delitos de coacciones, obstrucción a la Justicia, tráfico de influencias o uso de información privilegiada.
Según el recurso de reforma, recogido por Europa Press, si bien a tenor del informe de la Agencia Estatal de Administración Tributaria "los delitos contra la Hacienda Pública podrían estar prescritos", las declaraciones de los hermanos César Torrado ante el juzgado ponen de relieve hechos que podrían ser constitutivos de delitos "de coacciones y de obstrucción a la Justicia", aludiendo a las declaraciones en las que los hermanos aseguraban que el por entonces primer edil les dio instrucciones acerca de qué contestar a la Policía Judicial cuando la operación comenzó a ser investigada.
En concreto, recoge el recurso el extracto en el que Antonio César Torrado relata que José Juan López convocó a los hermanos a la sede de 'Burguillos Natural' y les instruyó sobre qué contestar a la Policía Judicial; que la operación se había saldado "por 20 millones" de las antiguas pesetas, cuando en el documento privado figuraban 75 millones, y que "que no les habían obligado a vender" los suelos. En ese sentido, los hermanos habían asegurado que el primer edil les advirtió de que la finca estaba destinada a ser expropiada.
Igualmente, recuerda el PP en el recurso que el resto de los hermanos declaró ante el juzgado que el alcalde y su primo les convocaron, una vez que la Policía Judicial comenzó las diligencias, al objeto de ordenarles que declarasen que "no les habían obligado a vender" los terrenos y que se remitieran al primer documento firmado en cuanto a la operación, porque las escrituras sólo reflejan el pago de 20.816.316 euros por la adquisición de la finca.
Además, el recurso señala que las declaraciones de los hermanos César Torrado ponen de relieve que el entonces primer edil y su primo, el empresario de la construcción Ramón Juan Fernández, gozaban de "información privilegiada previa a la compra de los terrenos", que "iban a ser recalificados" por el Ayuntamiento, lo que constituiría un delito de "tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a los funcionarios y uso de información privilegiada".
Por eso, reclama el PP una "averiguación patrimonial" del ex primer edil, su primo y sus familiares "más cercanos", así como el historial registral de los suelos adquiridos a los hermanos César Torrado desde el año 2002 hasta la fecha y sus recalificaciones por parte del Ayuntamiento.
