PP e IU critican que no se tramite este plan como proyecto de ley y creen que "se suprimirán las ofertas de empleo público"
SEVILLA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, destacó que la reordenación de sector público "mejorará la eficacia en la prestación de servicios públicos y no supondrá recorte de puestos ni una merma de derechos para empleados públicos", tras lo que destacó este proceso se llevará a cabo en colaboración con los representantes de trabajadores, de forma que los funcionarios "tendrán un protagonismo básico en las agencias dependientes de la Junta, mientras que el personal laboral mantendrá intactos sus derechos laborales".
Durante su comparecencia en comisión parlamentaria, la consejera recordó que el plan de reordenación del sector público supondrá la eliminación neta de 111 entes del conjunto del sector público de la Junta de Andalucía, a través de distintos mecanismos jurídicos, como son la extinción de la personalidad jurídica, la transformación de entidades instrumentales, la fusión, la absorción, liquidación o integración. Estos procesos se llevarán a cabo por los órganos de gobierno de las distintas entidades, de acuerdo con el plan programático establecido por el Consejo de Gobierno.
Reiteró también que, antes del 31 de diciembre de 2010, deben aprobarse los procesos jurídico públicos y jurídico privados de las entidades y, por tanto, deberán aprobarse y publicarse antes de esa fecha los estatutos de las entidades instrumentales y la modificación, si fuera necesario, de las estructuras orgánicas de las consejerías.
La consejera, quien tranquilizó a los trabajadores en cuanto al proceso y los tiempos que se seguirán en este plan, explicó que posteriormente existiría un tiempo de "acomodación" de la nueva organización, con la colaboración de los sindicatos y con "prudencia y lógica", con un protocolo de integración que será negociado con agentes sociales.
Martínez Aguayo destacó la "claridad" de todo el proceso, recordó que con esta reordenación se conseguirá "ajustar la normativa autonómica a la estatal" y este plan de racionalización del sector público tiene como finalidad "reducir el gasto público y mejorar la eficacia y responde a un compromiso de conseguir un sector público más eficiente".
Reiteró que el proceso de reordenación se llevará a cabo en colaboración con los representantes de trabajadores y destacó que los sindicatos "tendrán un papel básico en la reordenación".
"Queremos perfeccionar en lo posible el papel del sistema público y este plan supondrá un incremento de la competitividad y un uso más eficiente de entes instrumentales", aseveró.
Asimismo, la consejera defendió que este Plan de Reordenación del Sector Público "nos permitirá ajustar la Administración a las necesidades de la ciudadanía" y avanzar en un sector público "ágil, eficiente, con elevados niveles de calidad en la prestación de servicios y que sea un factor de estabilidad económica, anticíclico y pieza fundamental en la estrategia de recuperación económica".
Según explicó, este plan de reordenación, que el Consejo de Gobierno aprobó el pasado 27 de julio, contribuirá a "mejorar la eficiencia del conjunto de la organización, asumiendo una economía de escala, que permite agrupar servicios comunes, reducir gastos corrientes y amortizar puestos directivos".
En su intervención, la consejera garantizó que la reducción del número de entidades instrumentales "no perjudicará el nivel de prestación de los servicios públicos de la Junta de Andalucía, sino que, al contrario, mejorará su eficacia y eficiencia, adoptando un régimen jurídico más adecuado a la legislación básica del Estado".
Aseveró que tampoco implicará recortes de puestos de trabajo, ni disminución de derechos para los empleados públicos, de forma que esta reordenación "va a reforzar el papel de los funcionarios públicos, que tendrán un protagonismo básico en las agencias dependientes de la Junta de Andalucía, mientras que el personal laboral mantendrá intactos sus derechos laborales, produciendo una subrogación de trabajadores".
Para Martínez Aguayo, el plan ofrece una "triple garantía, esto es, para los ciudadanos, porque se avanza en unos servicios públicos de calidad; para los empleados públicos que ven protegidos sus derechos laborales, y una garantía para la propia organización de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades independientes, ya que se racionaliza su estructura y se mejoran los servicios públicos, con un menor coste".
CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN
Por su parte tanto el PP como IU criticaron que se haya aprobado este plan como decreto ley y que no se haya aceptado tramitarlo como proyecto de ley y además consideraron que con esa reordenación "se suprimirán las convocatorias de las ofertas de empleo público".
La diputada del PP María Teresa Ruiz-Sillero, quien advirtió del crecimiento en los últimos años del número de entes instrumentales y pidió "claridad" en el proceso, consideró que este plan introduce "muchas incógnitas" y criticó que se haya aprobado "con nocturnidad" al no tramitarse como proyecto de ley.
Recordó que los funcionarios "están en pie de guerra, ya que se le restringen derechos" y lamentó que "se equiparen a los desiguales, lo cual a su vez supone un gran desigualdad".
También lamentó que se "finiquiten 'de facto' las convocatorias públicas de empleo" y consideró que este plan "supone un baile de sillas, con cambios de sillones y puestos entre los altos cargos".
Por su parte, el diputado de IU Pedro Vaquero aplaudió que se acometa una racionalización, pero criticó que se haya acometido "de forma abrupta, con una premura e improvisación" fruto de que "está obligado por el recorte del déficit, algo impuesto desde Madrid, es una medida inducida".
Consideró que dicha premura "puede impedir los otros objetivos de mejorar el servicio público" y tras insistir en que "hubiera estado mejor una reforma exenta de esas presiones externas", aunque cree que la reforma "es necesaria para evitar duplicidades, externalización y cierto clientelismo en la Junta".
Lamentó que la reforma "se ha hecho mediante decreto ley y sin participación de sindicatos ni de los partidos de este Parlamento", por lo que consideró que "lo mejor es que se derogara ese decreto ley y se llevara a cabo como proyecto de ley" y aunque destacó que la consejera "haya dado tranquilidad a todos, pero no da tranquilidad a los opositores ni a los interinos, que se van a quedar colgados, ya que no va a haber plazas para ellos se congela la oferta de empleo público".
Vaquero expresó sus dudas de que en este "proceso de locura" puedan existir "garantías de participación, toda vez que no hay tiempo para que participen los agentes afectados".
