Por el contrario, declara no culpable al técnico de la Junta de Andalucía acusado por estos mismos hechos
SEVILLA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -
Un jurado popular ha declarado culpable a un técnico de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) acusado de solicitar 5.000 euros en abril de 2012 al propietario de dos pozos ilegales ubicados en la localidad sevillana de Marchena para retrasar el expediente sancionador que se debía incoar, mientras que ha declarado no culpable al técnico de la Junta acusado por estos mismos hechos.
Fuentes del caso han informado a Europa Press de que, en un veredicto hecho público en la mañana de este viernes, el jurado popular ha declarado culpable por mayoría de ocho votos a este técnico de la CHG, tras lo que la Fiscalía ha mantenido para él su petición de cuatro años y seis meses de prisión y el pago de una multa de 5.400 euros por un delito de cohecho, así como inhabilitación especial para empleo o cargo público por espacio de diez años.
Las mismas fuentes consultadas por Europa Press han precisado que, de su lado, la acusación particular que ejerce el dueño de la finca ha solicitado para este técnico de la CHG seis años de cárcel y el pago de una multa de 18.000 euros, además del pago de 35.000 euros en concepto de responsabilidad civil por los daños "psicológicos" causados.
Por el contrario, los miembros del jurado han considerado no culpable del delito de cohecho al otro imputado, que prestaba funciones como auxiliar de guardería fluvial para la Empresa Pública de Gestión Ambiental, actualmente Agencia del Medio Ambiente y Agua, dependiente de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta.
LOS ACUSADOS NIEGAN LOS HECHOS
En su declaración en el juicio que se ha celebrado esta semana en la Audiencia Provincial de Sevilla, los dos acusados negaron haber solicitado 5.000 euros en abril de 2012 al propietario de los pozos ilegales ubicados en Marchena para retrasar el expediente sancionador que se debía incoar y opinaron que éste les habría denunciado para suspender el proceso sancionador y así poder "seguir regando".
El técnico de la CHG que ha sido declarado culpable, que ejercía funciones como técnico superior de Actividades Técnicas y Profesionales, negó haber pedido dinero al denunciante para retrasar el expediente sancionador, ya que no se dedicaba a tareas de legalización de pozos y su trabajo consistía en medir las estaciones de aforo de varios puntos de la provincia.
De este modo, y como quiera que padecía una enfermedad en las manos, el día de los hechos le pidió al otro acusado que le ayudara a abrir la estación de aforo de Écija, y éste último le dijo que lo acompañaría en su vehículo pero que antes tenían que pasar por la finca del denunciante.
SIN POTESTAD PARA SANCIONAR
Una vez allí, aseguró que no habló con el denunciante "de dinero, de ilegalidades ni de la sanción que le podía corresponder", pues subrayó que "no tenía potestad para sancionar ni para iniciar un procedimiento sancionador". "No podía haber parado nada ni multar al denunciante", dijo.
A su juicio, el propietario de la finca le denunció "para seguir regando", ya que el proceso sancionador "es muy lento" y "se puede tirar un año o un año y medio regando".
El otro imputado también negó que solicitara dinero al denunciante y afirmó que tampoco le consta que el otro acusado reclamara cantidad alguna.
De este modo, y durante una primera visita a la finca, "intenté explicarle por todos los medios que lo que estaba haciendo era ilegal y que dejara de regar", declaró, agregando que, tras esta primera visita, le llamó por teléfono para concertar una segunda cita, conversación que fue grabada por el propietario de la finca, quien en el transcurso de la misma le "refirió algo de dinero".
"Yo no entendía de qué me estaba hablando y le corté por lo sano, le dije que eso era un delito de cohecho y que no iba a entrar en ese juego; le dije que pasaba olímpicamente del tema y que no quería saber nada del dinero", afirmó el acusado, quien aseveró que el denunciante "estaba regando ilegalmente".
Este acusado, que calificó a la CHG como "uno de los entes más corruptos que existe en España", dijo que no tiene potestad para denunciar o multar al no ser funcionario público y precisó que el informe que realizó sobre la finca del denunciante dio lugar a una denuncia valorada en 360.000 euros.
SANCIÓN "DESORBITADA"
De su lado, el propietario de la finca confirmó que los acusados le "chantajearon" y le pidieron 5.000 euros, y lamentó que, "como consecuencia de no ceder a sus pretensiones, recibí una sanción de la CHG de 360.000 euros, totalmente desorbitada y desproporcionada". "Era un auténtico disparate, vendiendo la finca no teníamos para pagar la sanción", apostilló.
El denunciante señaló que esta sanción fue finalmente archivada y aseguró que desconocía que estuviera regando de forma ilegal, aunque actualmente no usa los pozos y ha iniciado un procedimiento contencioso para legalizarlos.
Respecto a la referida conversación telefónica, indicó que la grabó "para hacer un seguimiento de lo que estaban pidiendo", precisando que en ningún momento ofreció dinero a los acusados.
