Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 17/12/2009 14:36
El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha aprobó hoy por unanimidad el Proyecto de Ley de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Directiva europea de Servicios "para alcanzar un mercado único de servicios en la Unión Europea, eliminando trabas y simplificando procedimientos en el mercado interior".
Así lo refleja la exposición de motivos del Proyecto de Ley, que consta de cinco artículos, dos disposiciones adicionales, tres disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales. Se trata de que la Comunidad de Castilla-La Mancha "adapte sus normas con rango de Ley a la Directiva de Servicios".
La consejera de Administraciones Públicas y Justicia, Magdalena Valerio, aseguró que la adaptación de la normativa regional a la Directiva de Servicios "va a facilitar la implantación de negocios en el sector servicios en Castilla-La Mancha, especialmente en el turismo, la hostelería y el comercio", que según recordó, representa el 60 por ciento del empleo en la región.
Para Valerio, la aprobación de esta ley, en cuya redacción han contribuido cuatro consejerías, "contribuirá a la dinamización económica, creando empresas y por ende creando más puestos de trabajando", algo que tal y como destacó tendrá su reflejo en el Producto Interior Bruto (PIB) de la comunidad. "Es una ley favorable para los emprendedores", subrayó.
Asimismo, la consejera anunció que se ayudará a los municipios a realizar las actualizaciones correspondientes en sus ordenanzas, para lo que ya se ha creado un grupo de trabajo junto a las Diputaciones provinciales y la Federación de Municipios de Castilla-La Mancha. "Se van a elaborar ordenanzas tipo y un sistema de consultas on line para facilitar esta adaptación", señaló.
Por su parte, el diputado del PP Benjamín Prieto manifestó su disposición a apoyar una ley que adapta la legislación a esta directiva, destacando que se creará una ventanilla única de información. Al respecto consideró que "es necesario que en nuestros municipios exista acceso a internet y es necesario un compromiso de la Administración.
Por su parte, el diputado socialista Felipe Rodríguez celebró que "habrá menos burocracia para abrir un negocio" con la aprobación de este proyecto de Ley y señaló que de esta forma se hace cumplimiento del Pacto por Castilla-La Mancha simplificando los trámites administrativos, aunque apuntó: "El PP si apoya las medidas cuando vienen de Europa y no cuando vienen del Pacto".
SE MODIFICAN SEIS LEYES
Dicha Directiva "establece la eliminación de las barreras legales y administrativas reglamentarias que obstaculizan las libertades de establecimiento y de prestación de servicios en los Estados Miembros y no cumplen con los requisitos de necesidad, proporcionalidad y carácter no discriminatorio", según el texto del Proyecto de Ley.
El artículo primero modifica la Ley de Calidad Agroalimentaria de Castilla-La Mancha, suprimiendo el procedimiento administrativo de autorización de los órganos de gestión para la representación, defensa y promoción de las figuras de calidad agroalimentarias.
El segundo artículo adecua la Ley de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha, regulando la aplicación de los principios de publicidad, objetividad, imparcialidad, transparencia y concurrencia a los procedimientos de concesión y autorización para actividades de servicios que vayan a realizarse en montes demaniales.
El Proyecto de Ley también elimina cargas administrativas en el ámbito de la ley de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha y sustituye por una declaración responsable la autorización previa administrativa para el ejercicio de actividades turísticas, modificando así la ley de Ordenación del Turismo de Castilla-La Mancha.
También se suprime la autorización previa para organizar ferias de carácter comercial y la sustituye por la exigencia de su comunicación, también con carácter previo, a la celebración de cualquier actividad ferial, en la Ley de Actividades Feriales de Castilla-La Mancha.
La disposición adicional primera, relativa a los juegos de suerte, envite o azar, elimina el actual régimen de autorizaciones administrativas previas, mientras que la disposición adicional segunda se refiere al sistema de notificación a la Comisión Europea de proyectos de normas que pueden estar afectados por la Directiva.