Las defensas piden la libre absolución de los procesados
MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -
El fiscal de la Audiencia Nacional Marcelo de Azcárraga ha elevado este miércoles a definitiva su petición de 20 y 12 años de condena para los cuatro presuntos miembros de la organización independentista Resistencia Galega, que han sido juzgados por varios delitos de terrorismo con el objetivo de "lograr la independencia del territorio histórico de Galicia y una parte del norte de Portugal". El fiscal ha considerado las penas solicitadas "proporcionadas" en relación con "la gravedad de los hechos".
En la sesión de esta tarde, el fiscal ha mantenido su petición de condena y ha solicitado para Eduardo Vigo Domínguez y Roberto Rodríguez Fiallega una pena de 20 años de cárcel, y para Antón Santos Pérez y María Osorio López una de 12 años de prisión, por delitos de integración en organización terrorista y falsificación de documento oficial con finalidad terrorista, así como tenencia de aparatos explosivos en los casos de Vigo Domínguez y Rodríguez Fiallega.
En su alegato final, el representante del Ministerio Público ha defendido que los hechos han quedado "perfectamente acreditados" y la validez de las pruebas practicadas en esta causa, así como la de la documentación incautada en la 'Operación Castiñeira' de 2005, que ha venido a engrosarla. En aquel entonces, según la Fiscalía, se incautó "material incriminatorio" como herramientas para la falsificación de documentación.
De Azcárraga ha puesto sobre la mesa como pruebas de cargo las medidas de seguridad que los acusados tomaban en sus "desplazamientos", así como la documentación que se les incautó detallando las medidas a adoptar, los "archivos encriptados" o los manifiestos de Resistencia Galega, que el fiscal considera su "decálogo" y su "catecismo".
Asimismo, ha hecho hincapié en las "similitudes" que hay entre los artefactos explosivos incautados a los acusados y los que son atribuidos por las Fuerzas de Seguridad a Resistencia Galega, porque "no se dan en ninguna otra organización terrorista". En alusión a María Osorio, quien no aportó explicación alguna sobre la incautación de un DNI falso con su foto en el domicilio de Rodríguez Fiallega, ha dicho que las documentaciones que se falsifican son de personas "absolutamente ajenas" a ellos y que las utilizan, "lógicamente, las personas de la foto".
"Hemos de tener en cuenta la peculiaridad de esta organización que está constituida por muy pocas personas, muy seleccionada, personas de mucha confianza", ha indicado, para después agregar que, por ello, es significativo que Rodríguez Faillega accediera a la bolsa con los explosivos, que, finalmente, le fueron incautados a Vigo Domínguez.
NO CONOCEN AL JEFE DEL APARATO MILITAR
Respecto a que los acusados hayan rechazado conocer a Antón García Matos, alias 'Toninho', considerado el supuesto jefe del aparato militar de Resistencia Galega, el fiscal ha puesto de manifiesto que los procesados sí han reconocido haber participado en "actos públicos" en los que se han leído textos de los que él es autor. El fiscal ha recordado que una huella de García Matos fue hallada entre la documentación incautada.
Además, ha afirmado que "existe una organización terrorista que no se llama ni AMI ni AMAL" y ha declarado que "no se trata de criminalizar el independentismo radical", sino el "radical y violento". "No existe una causa general contra el independentismo", ha insistido De Azcárraga.
El fiscal ha denunciado que la defensa y los peritos de los cuatro acusados hayan hablado de terrorismo de "baja intensidad" y ha afirmado que, en toda caso, habría que referirse a él como terrorismo "de baja capacidad". Igualmente, ha alegado que "no es preciso que se haya producido alarma social" para considerar que hay terrorismo y ha agregado que "objetivamente" un artefacto explosivo "atemoriza".
Para la Fiscalía, "todo" lo expuesto permite considerar que existe una organización terrorista con una "vocación de permanencia" y distribución de "roles y papeles", así como dependencia jerárquica, a la que vincula a los acusados. "Nada es casual", ha sentenciado.
El abogado defensor de Antón Santos, a quien se considera el líder ideológico del terrorismo gallego, ha esgrimido que "nada de lo aportado" en este juicio acredita la comisión de hechos concretos y que, en el caso de su cliente "ni siquiera se le acusa de ninguna acción violenta". Además, se ha referido a las declaraciones de los portavoces parlamentarios gallegos y ha indicado que "no existe consenso político" en esta materia. "Ninguna persona en Galicia teme por su vida", ha enfatizado.
También ha sostenido que existen características distintas entre organizaciones terroristas como ETA o Al Qaeda y Resistencia Galega, por lo que, en su opinión, la respuesta penal debería ser "diferente", pues si no se estaría lesionando el principio de legalidad penal y el de proporcionalidad. "No hay asesinatos, secuestros, coches bomba, bombas lapa. Se trata de otro tipo de acciones", ha agregado.
En segundo lugar, el defensor de María Osorio, que está en libertad, ha denunciado indefensión por la forma de recoger los DNI y los permisos de conducir incautados, por lo que ha pedido que sean apartadas de la causa dichas pruebas, al no haber respetado las "mínimas garantías" en su obtención y ha agregado que "no se puede considerar" que Osorio sea responsable de los delitos que se le imputan "por falta de prueba suficiente".
"Desde 2005, se detiene a personas en tres o cuatro ocasiones nada más. Esto es una quimera. (...) Es inaudito. No hay terror en Galicia", ha explicado, al tiempo que ha agregado que Osorio está siendo procesada "por ser de AMI, por realizar propaganda política" y ha aclarado que "jamás se la ha detenido ni ha estado imputada por ello".
"No se ha demostrado en este foro" --ha indicado-- que su cliente pertenezca a una banda terrorista y ha añadido que "no hay falsificación de documento de ningún tipo", ha hecho hincapié en las presiones que ha recibido, en su opinión, el tribunal desde otros "poderes fácticos".
Tras estos dos alegatos de defensa, el magistrado de la Audiencia Nacional Alfonso Guevara ha decidido suspender la sesión, que se reanudará este jueves a las 17.00 horas, en la sede que el tribunal tiene en San Fernando de Henares (Madrid).
DETENIDOS EN 2011
El 30 de noviembre de 2011, Rodríguez Fiallega acordó una reunión con Vigo Domínguez, para entregarle tres termos metálicos de unos 25 centímetros de altura y 12,5 de diámetro en cuyo interior había 2.394, 1.744 y 1.860 gramos de explosivo, respectivamente. Tras recoger los artefactos, Vigo Domínguez emprendió un viaje en coche, aunque fue interceptado por la Policía Nacional en el peaje de la autovía AP-9.
A los otros dos acusados, Santos Pérez y Osorio López, se les incautaron sendos ordenadores en los que guardaban fotografías de acciones violentas reivindicadas por el entorno independentista de Galicia, así como textos relacionados con la organización Asamblea da Mocidade Independentista (AMI).
