SANTA CRUZ DE TENERIFE, 24 jul.
El Consejo de Ministros, a propuesta del vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, y de acuerdo con el Consejo de Estado, ha acordado solicitar al presidente del Gobierno que promueva un recurso de inconstitucionalidad contra los artículos 1, 2 y 3 de la Ley de la Comunidad Autónoma de Canarias 7/2009, de modificación del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias sobre declaración y ordenación de áreas urbanas en su litoral.
Según informó el Gobierno central, la Ley canaria argumenta que "la regulación contenida en la legislación estatal de costas pretende sustituir en territorio canario el régimen transitorio de la Ley de Costas por otra normativa, careciendo de competencias para ello, ya que la legislación estatal es básica en materia de protección ambiental de la costa, vulnerándose el esquema de distribución competencial entre el Estado y las comunidades autónomas".
El pasado 23 de abril, el PSOE se quedó solo en su defensa de la costa como "un bien público de acceso para todos" frente a la propuesta de los grupos Parlamentarios CC y PP que con 30 votos a favor aprobaron en el Pleno del Parlamento regional la ley de modificación del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias sobre declaración y ordenación de áreas urbanas en el litoral canario.
La norma impugnada pretende asimismo modificar la Ley de Costas vigente, para configurar un nuevo supuesto en los casos en que la Ley y el Reglamento de Costas previeron una reducción a 20 metros de la Servidumbre de Protección. Es decir, la Ley de Costas permite la aplicación de la servidumbre de 20 metros, de forma transitoria, a los terrenos clasificados como urbanos en el momento de la entrada en vigor de la ley, el 29 de julio de 2008. En los demás casos, se prescribe la aplicación de la servidumbre de 100 metros, como medida de protección del medio ambiente. La Ley impugnada "olvida" las distinciones que la Ley de Costas y su Reglamento realizan según existiese clasificación urbanística o no.
Por otro lado, la Ley canaria atribuye a la Administración autonómica el establecimiento unilateral y de forma autónoma del límite interior de la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre, cuando la servidumbre de protección se debe fijar de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Costas y su Reglamento, correspondiendo a la Administración del Estado, titular del dominio público marítimo-terrestre, el deslinde de éste.
Por último, el Gobierno destacó en su recurso que la competencia para otorgar o no autorizaciones y concesiones de ocupación del dominio público marítimo-terrestre corresponde a la Administración General del Estado.
