Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 17/12/2009 20:18
El Pleno de la Asamblea de Madrid aprobó hoy, con los votos del PP, la Ley de Medidas Liberalizadoras y de Apoyo a la Empresa Madrileña, que abre la puerta además a que empresa privadas realicen funciones administrativas de verificación, inspección y control en el ámbito urbanístico.
Con la incorporación de una enmienda del PP, la norma contempla por primera vez en el ámbito regional, después de que ya lo hiciera el Ayuntamiento de Madrid, que la Comunidad desarrolle una legislación para que entidades privadas colaboradoras puedan emitir certificaciones, actas, informes y dictámenes en materia de ordenación del territorio.
Por otra parte, la norma modifica más de 50 procedimientos de la administración y agiliza el proceso para la creación de nuevas empresas en sectores claves para el desarrollo de la región. La ley, que transpone la Directiva de Servicios europea, moderniza la Administración regional y conlleva la supresión o modificación de más de 70 normas autonómicas.
Estas empresas deberán actuar con "imparcialidad, confidencialidad e independencia" y su personal deberá respetar un régimen de incompatibilidades que se desarrollará próximamente. La nueva ley facilitará la creación de nuevos centros comerciales y la ampliación de los ya existentes, mediante la supresión de la segunda licencia hasta ahora necesaria de la Administración autonómica, sustituyéndola por una comunicación una vez otorgada por el Ayuntamiento la licencia municipal.
De este modo, se reducen costes a las empresas comerciales y se elimina la tasa actual de 1.933 euros. Por otra parte, se suprime la distancia mínima de 10 kilómetros entre áreas de servicio de carretera, y se permite ofrecer servicios de hostelería y hospedaje en áreas de servicio situadas cerca de los núcleos de población, algo hasta ahora prohibido.
NUEVOS HOTELES
También fomentará la puesta en marcha de nuevos establecimientos hoteleros y de restauración al suprimir las autorizaciones de clasificación necesarias en la actualidad por una comunicación o una declaración responsable, ahorrándose trámites de hasta seis meses de duración.
En cuanto a las agencias de viajes se elimina el requisito de estar en posesión del título-licencia para el ejercicio de la actividad y se sustituye por una declaración responsable. Además, los restaurantes o bares de los hoteles podrán realizar reformas para disponer de acceso directo desde la calle y podrán instalar también terrazas.
Desde el punto de vista industrial, todos los trabajadores podrán empezar su negocio de forma automática, al sustituirse el permiso de actividad de la Comunidad por una sencilla comunicación, un trámite que ahora duraba hasta tres meses. Para ello, se suprimirá la autorización de instaladores y mantenedores de actividades industriales por una declaración responsable, y se eliminará la obligación de que empresas procedentes de otras comunidades autónomas se inscriban en un registro específico, que debía actualizarse cada cuatro años.
También se reducirán a la mitad los plazos de más de 50 procedimientos que llevan a cabo particulares y empresas con la Administración, así como al sustituir los efectos negativos por positivos o estimatorios en la falta de resolución expresa en el plazo establecido. Por último, se permitirá con esta nueva normativa autonómica la creación de colegios profesionales de adscripción voluntaria.
Respecto a los mercadillos, se establece que "las autorizaciones serán transmisibles, y tendrán* una duración mínima de cinco años con el fin de permitir la amortización de las inversiones y una* remuneración equitativa de los capitales invertidos, y prorrogables expresamente por idénticos períodos" y señala que "las autorizaciones municipales, personas físicas o jurídicas, estarán obligados a acreditar anualmente, ante los respectivos Ayuntamientos estar al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social y la Administración Tributaria así como el correspondiente seguro de responsabilidad civil".