MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves, en su última sesión del año, la Ley de Control de la Deuda Comercial, que persigue erradicar la morosidad de las administraciones públicas y también incluye la devolución a los funcionarios de uno de los días de asuntos propios --los llamados 'moscosos'-- que se les quitó en 2012, día libre que podrán utilizar desde la publicación de la ley en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El debate de este jueves se ha centrado en las enmiendas a la norma que se han introducido a su paso por el Senado, entre las que destaca la autorización "excepcional" a las entidades locales que cumplan los límites de deuda para que puedan aplicar los remanentes o el superávit disponible en 2014, al no haberlo podido hacer en 2013 debido a la tramitación parlamentaria. Asimismo, se les permite utilizar el remanente de Tesorería a cancelar el resto de obligaciones pendientes con sus proveedores.
Con este proyecto de ley, las administraciones autonómicas y locales estarán obligadas a publicar su periodo medio de pago (PMP) a los proveedores para que los ciudadanos puedan saber cuáles satisfacen sus deudas en el plazo previsto y cuáles son morosas.
Además, se introduce un mecanismo coercitivo automático ante los incumplimientos de estos compromisos (pagar en 30 días como máximo) a través de la imposibilidad de emitir deuda o usar créditos presupuestarios, cambios en el plan de Tesorería o incluso el pago directo de la factura por el Estado, que luego detraerá la cantidad de las transferencias previstas en el sistema de financiación.
RESPALDO DE PP Y UPYD
Así las cosas, el conjunto del proyecto de ley ha recibido el respaldo de PP, UPyD y Foro Asturias (FAC), frente al rechazo de PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), CiU, PNV y la mayor parte del Grupo Mixto, con la excepción de UPN que se ha abstenido.
Por el PP, Encarnación Jiménez ha resaltado que esta ley "pone fin al derroche del dinero público, a gastar más de lo que se puede pagar y a la filosofía socialista de que el dinero público no es de nadie". Así, junto con la norma de factura electrónica y los fondos de pago a proveedores y de liquidez autonómica compone la "estructura fundamental para erradicar la morosidad del sector público".
Además, mejorará la transparencia en las administraciones, que deberán publicar su periodo medio de pago para que todos los ciudadanos lo conozcan, e incluye mecanismos de "prevención y corrección" para mejorar el control en este ámbito.
"Todas las administraciones estarán, ahora sí, obligadas a pagar en 30 días a sus proveedores. La deuda comercial de las administraciones y las facturas en los cajones han puesto en riesgo la supervivencia de gran número de empresas, ha supuesto pérdida de empleo y descrédito de las administraciones, y ha puesto en grave riesgo el Estado del Bienestar", ha añadido.
El portavoz económico de UPyD, Álvaro Anchuelo, apoya una normativa necesaria para cumplir con los proveedores públicos pero ha criticado el "aguinaldo navideño" a los funcionarios que supone devolverles uno de los 'moscosos' que se les había eliminado. "Más que la reparación de un problema es casi una provocación. Ésta no es una solución adecuada a los problemas de la Administración que tiene necesidad de una reforma a fondo, incluyendo de la estructura salarial", ha añadido.
NO OLVIDAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS
La socialista Patricia Blanquer ha recordado que "tan importante es atender a los proveedores como al resto de los ciudadanos" y ha lamentado que en vez de buscar "recursos suficientes" para que las administraciones paguen sus facturas "sin perjuicio de los servicios" públicos, el Gobierno se ha limitado a "presionar a las administraciones" con nuevos controles y sanciones por su morosidad. Unos problemas que, a su juicio, no se solucionan con las enmiendas del Senado.
Ricardo Sixto, de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) rechaza que el pago de las facturas de proveedores se ponga por ley por delante de la atención de los servicios públicos y otras obligaciones de la Administración, y cree que esta norma "cierra una parte del ciclo que se inició con la reforma del artículo 135 de la Constitución". Además, cree que habría sido "de justicia" acompañar la devolución de uno de los 'moscosos' con el pago al menos de una parte de la paga extra de Navidad que se anuló el año pasado.
El diputado de CiU Toni Picó critica también la norma --pese a compartir su objetivo-- y duda de su utilidad mientras no se dote a comunidades autónomas y ayuntamientos de "mecanismos suficientes, sobre todo en el campo de los ingresos, para garantizar el cumplimiento" de las nuevas obligaciones, y alerta de que los mecanismos coercitivos como detraer fondos de las transferencias sólo dificultarán más ese objetivo.
Por ERC, Alfred Bosch ha reconocido que los proveedores deben cobrar sus facturas, pero cree que en realidad el proyecto de ley tiene "una mala intención de fondo" para "hacer pasar como morosas a las administraciones que dependen de las transferencias del Estado". "El Gobierno central recauda, tiene la caja y es por tanto el responsable último de la morosidad. Nos parece que hay mala intención tras este discurso y que las cosas se tendrían que hacer y resolver de otra manera", ha añadido.
