MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Angel Moratinos, habló hoy de nuevo con su colega israelí, Tzipi Livni, confirmaron a Europa Press fuentes diplomáticas españolas, que no revelaron el contenido de la conversación.
Los principales medios de comunicación israelíes informan hoy de que en esa conversación Moratinos le trasladó la intención del Ejecutivo español de modificar la ley que establece el principio de jurisdicción universal de los tribunales españoles con el fin de evitar futuras investigaciones sobre militares israelíes por crímenes de guerra.
Diarios como el 'Yediot Ahranot' o el 'Jerusalem Post' reproducen declaraciones de Livni en las que saluda que el Gobierno español "haya decidido parar este fenómeno" y avanza que Israel seguirá trabajando con otros gobiernos para intentar frenar "investigaciones similares infundadas".
Según la radio militar israelí, Moratinos subrayó que esta reforma legal no estaría lista a tiempo para afectar a la querella admitida a trámite esta semana por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu contra siete militares israelíes por un bombardeo sobre Gaza en 2002 en el que murieron 14 civiles, pero indicó que su departamento trabajaría para anular la investigación.
Los tribunales españoles son competentes para investigar, entre otros, delitos de genocidio, terrorismo u otros crímenes contra las personas cometidos en conflictos armados fuera de las fronteras españolas e independientemente de si hay españoles o no implicados en virtud del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Este criterio se aplica a partir de dos sentencias dictadas en 2005 por el Tribunal Supremo y el Constitucional a propósito del caso Scilingo y del genocidio en Guatemala, respectivamente, que sentaron jurisprudencia.
Moratinos y Livni hablaron también ayer por la tarde. Según informó entonces un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, el jefe de la diplomacia española se comprometió a hacer "todo lo posible" para contribuir a alcanzar una "solución satisfactoria" en este caso, eso sí, siempre dentro de los límites que le marca el "respeto" del Gobierno a la "justicia".
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, se limitó hoy a señalar, preguntada por la investigación del juez Andreu, que España es un "Estado de Derecho" en el que la justicia "actúa con total independencia".
