El Gobierno regula el proceso de consignación en las subastas judiciales por Internet

 

El Gobierno regula el proceso de consignación en las subastas judiciales por Internet

Publicado 06/11/2015 14:32:14CET

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros este viernes un Real Decreto que establece un único sistema de constitución telemática de los depósitos necesarios para participar en las subastas judiciales y notariales que se celebra en sede electrónica.

Según ha explicado el ministro de Justicia, Rafael Catalá, en la rueda de prensa posterior al Consejo, la nueva norma favorecerá la concurrencia de los ciudadanos a estas subastas y con ello se alcanzará mayor rendimiento económico de los bienes subastados y la implantación de un sistema más transparente.

La medida, según ha explicado, tendrá "un efecto positivo sobre la administración de justicia", reforzará la transparencia y el acceso de los ciudadanos que lo deseen a este tipo de convocatorias. Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha apuntado que la aplicación de la nueva norma busca también reforzar la creación de un portal único para estas actividades y un ahorro de casi 4,9 millones de euros.

La nueva regulación, según ha informado el Gobierno en un comunicado, establece un procedimiento ágil y accesible para constituir, gestionar y, cuando proceda, devolver por vía telemática los depósitos exigidos para participar en todas las subastas judiciales y notariales que se realizarán en sede electrónica (on-line) a través de un portal único dependiente de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado (ABOE).

Este sistema de consignación on-line afecta a todas las subastas notariales y judiciales, ya sean voluntarias (a petición de los propios propietarios para para conseguir la venta del bien y obtener un mejor precio) o ejecutivas (para cubrir con el importe obtenido las deudas de su propietario) y a toda clase de bienes subastados, tanto inmuebles como muebles o semovientes, incluidos los que hubieran sido hipotecados.

Aunque el organismo encargado del Portal de Subastas es la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, será el letrado de la Administración de Justicia o el notario a quienes corresponde el papel principal en la celebración de estas subastas ya que de ellos dependerá su inicio, anuncio y publicación, así como su suspensión o reanudación cuando proceda.

SIMPLIFICACIÓN DEL PROCESO

El procedimiento a seguir por los futuros postores se simplifica considerablemente con esta reforma, según el Gobierno. El interesado debe registrarse telemáticamente como usuario del Portal de Subastas y rellenar un formulario de acreditación que incluye el número de su cuenta bancaria.

A través del mismo portal ordena a su entidad bancaria la constitución del depósito del 5 por ciento del valor de tasación de los bienes que se subastan, recibiendo un recibo telemático cuando esa cantidad es transferida a la cuenta de depósitos por participación en subastas de la Agencia Tributaria, donde permanecerá hasta la finalización de la misma.

Al cierre de la subasta, el portal comunica los resultados al vencedor, al juzgado o notario correspondiente y a la Agencia Tributaria. El vencedor debe completar el resto del precio total ingresándolo en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones o en la cuenta notarial para que se proceda a adjudicarle el bien.

A través de la Agencia Tributaria se devuelven automáticamente los depósitos a los postores que no hayan resultado vencedores y no hayan hecho reserva de la puja, mientras retiene los de aquellos otros que voluntariamente, por haber realizado dicha reserva, se mantienen en lista de espera por si se produce el incumplimiento del postor que hubiere resultado vencedor.

El sistema iguala además el procedimiento de la subasta independientemente de su naturaleza, judicial o notarial, e implica mayor sencillez, agilidad y más seguridad para los interesados. Además, hay más transparencia en el proceso: la subasta electrónica tiene las mismas garantías jurídicas que la presencial, hay una identificación inequívoca de todos los intervinientes y se garantizan con certificado electrónico todas y cada una de las transacciones que obtendrán un sello del momento exacto en el que tuvieron lugar.

Así, los ciudadanos podrán realizar sus pujas desde cualquier lugar, día y hora durante los 20 días que dura la subasta, lo que incrementa su accesibilidad y supone una gran comodidad y una reducción considerable de los gastos que debe asumir el postor por participar. También incentivará la participación ya que el sistema garantiza el anonimato de los postores, con lo que se eliminan las posibles presiones de los profesionales de las subastas, uno de los grandes inconvenientes que generaba el sistema anterior.

Entre las facilidades que procura un sistema telemático de subastas, además de la accesibilidad, la rapidez y la transparencia, está también la multiplicación de su publicidad, con una capacidad casi ilimitada para facilitar información sobre el bien que se subasta y las condiciones de la puja.

Todas estas ventajas deben llevar a un incremento notable del número de postores participantes en las subastas, según prevé el Gobierno, que supondrá un ahorro de las cargas administrativas: la previsión media es de unas 65.000 subastas al año, con un ahorro de alrededor de 75 euros cada una en cargas administrativas, es decir, en torno a 4.875.000 millones de euros de ahorro. Además ayudará a la descarga de trabajo para los órganos judiciales ya que ni el registro de los postores ni la emisión masiva de órdenes de devolución de los depósitos ingresados serán ya de su competencia.

Este Real Decreto se enmarca en la reforma de la Ley 19/2015, de 13 de julio, de medias de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil, así como en la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria. Además completa las medidas previstas en el informe elaborado por la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) con el objetivo de lograr mayor simplificación administrativa y mayor eficacia y eficiencia en el funcionamiento de la Administración.

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