MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Gobierno ha acordado hoy tramitar un nuevo decreto que regula las condiciones en las que los porteros han de realizar su trabajo en locales en copas y discotecas, y que establece que los aspirantes a ser 'puertas' deberán superar unas pruebas en la Academia de Policía Local que consistirán en un test psicotécnico y psicológico, y en un examen sobre los conocimientos básicos relacionados con esta materia.
Según informó hoy en rueda de prensa el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, las personas que quieran trabajar de porteros de discotecas deberán ser mayores de edad, tener nacionalidad española o el permiso de residencia o de trabajo, no tener antecedentes penales por delitos contra las personas o contra el patrimonio, y superar las pruebas de la Academia de Policía.
Una vez cumplimentados estos requisitos, los candidatos recibirán un carné que les acredite como porteros de discoteca y que tendrá validez por cinco años. Cumplido ese tiempo, estos profesionales deberán renovar su permiso. El decreto obligará a estos profesionales a portar un distintivo de identificación de forma visible y permanente que incluirá sus datos y su número de carné.
Esta normativa, que establece que los 'puertas' sólo podrán realizar labores de vigilancia, se desarrolla días después de que tres porteros de la discoteca El Balcón de Rosales acabasen supuestamente con la vida del joven Álvaro Ussía, quien recibió una paliza a la entrada del local.
EXAMEN DE CONOCIMIENTO
Las personas que quieran convertirse en porteros de discoteca deberán pasar un examen de conocimientos básicos relacionados con esta materia en el que se les preguntará por los derechos y las libertades, por las medidas de seguridad, los derechos de admisión, el horario de cierre y el régimen jurídico de los menores de edad.
El decreto afectará al personal que ejerza funciones de admisión y control del acceso al público al interior de los establecimiento y que se encuentren bajo la dependencia de la persona titular y organizadora de estas actividades.
Según esta regulación, los porteros deberán comprobar la edad de las personas que vayan a entrar en el local, así como la adquisición de la entrada o la localidad por parte de los asistentes; cobrar los billetes o entradas que dan acceso a los locales y vigilar que no se exceda el aforo autorizado.
Asimismo, podrán requerir la intervención del personal del servicio de vigilancia de las instalaciones si lo hubiera y, en el caso de que no existiese, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para que se impida el acceso de las personas que incumplan las condiciones específicas de admisión autorizadas.
Los porteros deberán dedicarse a informar de los incidentes que tengan lugar en la sala y, si fuera necesario, ayudar a las personas que se encuentren heridas, así como ponerse en contacto con los servicios de emergencias cuando se requiera su presencia.
Granados explicó que, a partir de la entrada en vigor de la normativa, los porteros tendrán que asegurar y facilitar el acceso de las personas discapacitadas, comprobar el estado de las instalaciones y el orden de la sala, garantizando el libre acceso a vestíbulos, pasillos escaleras o puertas de salida; así como controlar el tránsito en las zonas reservadas y llevar un control de los libros de reclamaciones existentes en el local.
Finalmente, estarán obligados a garantizar que las bebidas que se sirvan en el local se consuman dentro del mismo y limitarán el acceso al público a partir del horario límite del cierre del local.
SANCIONES DE HASTA 30.000 EUROS
Este decreto se aplicará al personal de cafés-espectáculo, salas de fiestas, discotecas y salas de baile, bares especiales y espectáculos o actividades recreativas con carácter extraordinario. En caso de incumplimiento, será el dueño de la sala el que pague las consecuencias, que serán consideradas como faltas graves.
Así, podrán ser sancionados con una multa de 30.000 euros, con el cierre temporal del local o con su precinto definitivo en el caso de que se salten algún aspecto del nuevo decreto de manera continuada.
Granados precisó que será la policía quien se encargue de las labores de inspección de los locales, mientras que la Comunidad de Madrid será quien imponga la sanción por falta grave al empresario. Así, explicó que el trabajador, en este caso el portero, "no puede tener ninguna culpa" en el caso de que se produzca alguna incidencia porque la policía no le considerará empleado en tanto en cuanto no esté documentado.
Además, animó a los aspirantes a ir estudiando para presentarse a las pruebas, que comenzarán probablemente dentro de tres meses, una vez que el decreto haya superado los trámites necesarios antes de entrar en vigor.
El consejero de Presidencia, Justicia e Interior argumentó la urgencia en la aprobación de este decreto basándose en la demanda social, mediática, de los padres de los jóvenes madrileños y de los compañeros de clase de Ussía. "Se ha producido una demanda que el Gobierno regional tenía que atender con celeridad", manifestó.
En este sentido, el vicepresidente primero y portavoz regional, Ignacio González, apuntó que ya existe una regulación de las labores que deben realizar los porteros de discoteca en la normativa que reúne las obligaciones de los propietarios de los locales en materia de seguridad y vigilancia, y precisó que en los últimos tiempos el número de 'puertas' ha crecido de tal manera que se ha convertido en un "fenómeno masivo".
"Esta figura es nueva y no tenía cobertura legal específica. Por ello, ante la situación que se ha producido, se ha decidido concretar la normativa y ampliar la regulación en lo que a este tipo de cuestiones se refiere", indicó.
