Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 08/04/2010 19:52
La portavoz de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, lamentó hoy que el PSOE se haya negado hoy a incluir mejoras en la reforma del Código Penal que se tramita en el Congreso para suplir las "lagunas" legales existentes en delitos de corrupción y de enaltecimiento del terrorismo.
La diputada de UPyD se queja de que hayan quedado fuera del informe de la Ponencia de la Comisión de Justicia encargada de la modificación del Código Penal instrumentos jurídicos "muy valiosos" para atajar "más eficazmente" la persecución en los casos de corrupción que afectan a los directivos y cargos públicos de partidos políticos.
NO SON FUNCIONARIOS
En concreto, Rosa Díez pide en sus enmiendas que las empresas privadas que prestan servicios públicos también queden sometidas al nuevo delito de corrupción privada, y no a la disciplina del cohecho, puesto que los sujetos implicados, directivos de empresas públicas, no tienen la condición de funcionarios.
"La elevación de la pena se justificaría por ese plus de gravedad de los que, siendo directivos de empresas con participación de fondos públicos o que realizan funciones públicas, cometen este delito", explicó.
Fuera del informe de la Ponencia también ha quedado otra de sus enmiendas que persigue que se considere delito de enaltecimiento de terrorismo que las autoridades o cargos públicos que "no acuerden o no apoyen" la inmediata retirada de todos los símbolos terroristas que existieran en su municipio, para los que planteaba incluso se les imponga una pena de inhabilitación absoluta de ocho a doce años.
EL PP PRESENTÓ UN TEXTO ALTERNATIVO
Sobre esta cuestión, el PP planteó un texto alternativo, si bien ninguno de los dos fue aceptado, por lo que ambas enmiendas quedarán vivas de cara al debate en comisión de la reforma del Código Penal, que tendrá lugar el próximo día 21, según informaron a Europa Press fuentes parlamentarias.
Asimismo, Díez lamentó que no se haya tenido en cuenta otra enmienda de su partido destinada a evitar "la mayor gravedad" de un delito por el sexo del delincuente, es decir, por el mero hecho de ser hombre, en función de la asimetría jurídica introducida en el Código Penal por la Ley de Violencia de Género, o las diferencias para obtener la patria potestad de los menores en función de la comunidad autónoma en la que residan.