MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Constitucional tiene pendiente la resolución de dos recursos presentados por el PP y el Gobierno de Navarra contra la Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que admitió a trámite en junio de 2010.
Según han informado a Europa Press fuentes del alto tribunal, la ley de plazos no ha sido incluida en el orden del día del Pleno de la presente semana, que reúne a los magistrados desde este martes hasta el próximo jueves.
El presidente Francisco Pérez de los Cobos participa en la confección de la agenda según las ponencias que recibe de los magistrados, aunque puede incluir añadidos en el orden del día. No es el único asunto que acumula este retraso ya que el Alto Tribunal tiene que decidir sobre recursos de inconstitucionalidad que fueron presentados en 2004 y 2005 y en otras ocasiones se ha demorado durante años en resolver sobre una norma.
Fue el caso del recurso del PP contra la Ley del matrimonio homosexual. El Constitucional avaló la reforma del Código Civil cuando se cumplían siete años desde la entrada en vigor de la norma y ya se habían celebrado en España más de 18.214 enlaces de este tipo y más de 578 separaciones y divorcios.
UN ASUNTO PENDIENTE DE SEÑALAMIENTO
La ponencia sobre la Ley del aborto impulsada por la ministra de Igualdad Bibiana Aído ha recaído en el magistrado conservador Andrés Ollero. El TC aseguró a principios de año que este procedimiento se encontraba "concluso" y únicamente "pendiente de señalamiento para votación y fallo", según una respuesta enviada al diputado de Izquierda Unida Gaspar Llamazares.
Ahora, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha confirmado la retirada de la reforma de la ley defendida por su ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, pero el recurso del Partido Popular contra la ley vigente sigue pendiente de resolución ante el Alto Tribunal. El jefe del Ejecutivo ha avanzado que se reformará la actual Ley para evitar que las menores puedan abortar sin consentimiento paterno. Sin embargo, en su día el recurso de los 'populares' afectaba a muchos más prefectos de la actual normativa.
Pese a todo, difícilmente podrá ser retirado el recurso porque cada uno de los firmantes debería revocar su firma y algunos de ellos ya no ocupan un escaño en el Congreso o Senado, según explicaron fuentes parlamentarias. Gallardón afirmó en 2012 que no hacía falta esperar al pronunciamiento del TC para seguir adelante con la reforma.
"El Tribunal Constitucional ya ha hablado (...), se ha pronunciado, hay tres sentencias con motivo de otras legislaciones" y, por tanto, "no hay motivo para "esperar un cambio de criterio" respecto al aborto, dijo el ministro de Justicia en una entrevista en RNE.
El recurso del PP contra la actual normativa, que permite abortar libremente en España en las 14 primeras semanas de gestación y en algunos casos hasta la 22, consideraba el articulado de la ley "contrario al derecho a la vida tal y como lo ha interpretado el Tribunal Constitucional en 1985".
El recurso del PP hace también especial hincapié en los preceptos que permiten a las jóvenes de 16 y 17 años abortar sin consentimiento de los padres, aunque no es el único artículo que cuestiona.
SENTENCIA DE 1985
En sus alegaciones, el PP toma como "punto de partida y marco de referencia la interpretación realizada por el Tribunal Constitucional en su sentencia de 1985, en la que se estable la obligación del Estado de proteger la vida humana en formación.
Además, critica que para abortar en las primeras 14 semanas no sea necesario que concurra "ninguna causa objetiva o situación característica de conflicto objetiva que permita justificar, al menos formalmente, el sacrificio de la vida humana del nasciturus", algo que a su juicio va contra el artículo 15 de la Constitución Española que reconoce que "todos tienen derecho a la vida".
Añade igualmente el PP en su recurso que la ley vigente no explica por qué se ha fijado en 14 semanas (y no en 12 ó 16) el plazo para poder practicar en España el aborto libre, ni qué cambia en el feto para no poder ser protegido antes de ese plazo y sí después.
En cuanto a los casos en los que se puede abortar hasta la semana 22, el PP alerta en su escrito ante el Constitucional de que el supuesto que permite interrumpir el embarazo si existe "grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada" puede ser un "coladero" aún mayor que el que siempre ha significado este motivo.
Además, los populares indican en su recurso, elaborado por un grupo dirigido por Federico Trillo, que "el mantenimiento de la vigencia de un aborto eugenésico supone discriminar a los seres humanos discapacitados en relación con los demás".
Igualmente, defiende la objeción de los profesionales sanitarios y dice que este derecho debe estar garantizado, y se muestra contrario a que se imponga "la perspectiva de género en la enseñanza sanitaria y afectivo-sexual", que no sólo afecta a los derechos y libertades de alumnos y padres, sino también a los de los profesores.
