MADRID, 1 Ene. (OTR/PRESS) - Siempre he pensado que sería una excelente idea, seguramente irrealizable sin que los políticos la prostituyeran, crear un nuevo cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia del máximo nivel que cada año analizaran el funcionamiento de todas las leyes vigentes y propusieran al Parlamento cuáles habría que derogar por innecesarias, obsoletas o desfasadas; cuáles por sus consecuencias y efectos negativos; y cuáles por su baja calidad legislativa o por haber conseguido el efecto contrario que se buscaba. Incluso se podría añadir una categoría más: las leyes que se han puesto en marcha sin los consiguientes e indispensables presupuestos económicos y han sido imposibles de aplicar. Manuel Pizarro dijo en una ocasión que el Parlamento debería dedicar un año a deslegislar, a borrar todas las leyes que no sirven para nada. Tendría trabajo. Y hay estudios más que solventes de que la hemorragia legislativa que sufre España desde hace años -más de 200.000 normas entre 1995 y 2020, legislación europea, nacional, autonómica y local, no siempre concordantes- lastra el crecimiento de la economía, es un freno a la inversión extranjera y multiplica la burocracia y la posibilidad de sanciones. Esa es también una de las causas de que la justicia sea lenta e ineficiente. Y a eso se suma la voracidad del poder por tratar de controlarla y domesticarla. Todos están de acuerdo en que hay que reformar la Justicia. El problema es que cada partido quiere hacer una cosa diferente para lograrlo sin escuchar a los demás y tampoco a los expertos o a los profesionales de la justicia. Y lo que impulsan o aprueban unos es cambiado por los que vienen después. Y así sólo consiguen que cada año sea mayor el caos y la carrera de obstáculos para abogados, jueces fiscales y procuradores. Pero sobre todo para los ciudadanos.
