El alcalde de Tíjola (Almería) se acoge a su derecho a no declarar investigado en el caso Mascarillas

ALMERÍA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Tíjola (Almería) y diputado provincial de Sostenibilidad, Medio Natural y Captación de Fondos Europeos, José Juan Martínez, se ha acogido este jueves a su derecho a no declarar tras comparecer como investigado por su faceta de empresario ante el juez que instruye el caso Mascarillas de Almería, que indaga sobre la presunta contratación irregular para el cobro de comisiones a través de la Diputación.

Martínez ha acudido a la Ciudad de la Justicia de Almería, a la que ha accedido minutos antes de las 9,00 horas a las que se abre al público, sin compañía pese a que su mujer también ha asistido citada como investigada por el magistrado en la penúltima ronda de comparecencias que finalizará este viernes con la declaración, entre otros, del expresidente de la Diputación de Almería Javier Aureliano García.

Fuentes jurídicas han apuntado que la pareja se ha acogido a su derecho a no declarar antes de abandonar la sede judicial, lo que también ha hecho por separado minutos después de las 10,00 horas. A su salida, Martínez ha rechazado realizar valoraciones a algunos periodistas que se han topado con él cuando el grueso de los medios aguardaban frente al acceso principal de la Ciudad de la Justicia.

El regidor tijoleño --único cargo político en activo en el caso-- y su mujer están investigados por los contratos que las empresas Inversiones y Construcciones Tágilis y Constíjola han mantenido con la Diputación en una supuesta "connivencia" con el exvicepresidente tercero y exdiputado provincial de Fomento Óscar Liria.

Los indicios de la UCO apuntan que el regidor 'popular' habría participado en el "amaño" de contratos públicos y habría instrumentalizado otras sociedades y personas para propiciar la adjudicación fraudulenta de contratos en función de sus intereses. Durante la jornada, también estaba prevista la declaración de otros empresarios.

"Hoy se repite ese patrón de taifas en el que un jefecillo local con empresa propia o a nombre de sus familiares más directos tenía acceso privilegiado, presuntamente, a las obras de la Diputación en las que ya sabemos, por fin, que quienes aspiraban a ellas era precisamente porque se ganaba dinero", ha expresado a su llegada el abogado de la acusación popular que ejerce el PSOE, Javier Salvador.

El abogado, acompañado del letrado José María Terrés, confía en que las declaraciones permitan despejar algunas dudas a partir de los indicios y pruebas aportados por la UCO. En esta línea, se ha cuestionado una posible merma de beneficios entre los empresarios ligados a la trama que habrían participado en repartos de obras públicas bajo el supuesto concierto.

Para este viernes, finalmente, se prevé la declaración del funcionario del Área de Obras Públicas que fue arrestado durante los registros practicados el pasado mes de noviembre, quien habría participado de la adjudicación de contratos en el marco de varios programas de reactivación económica ligados a los fondos de recuperación del covid-19.

Habrían sido, a juicio de los investigadores, precisamente esas adjudicaciones de contratos las que habrían reportado al Liria importantes sumas en comisiones que, más tarde, se habrían canalizado a otros cargos públicos de la misma corporación, entre ellos, al exvicepresidente segundo Fernando Giménez y al expresidente de la Diputación.

Por su parte, el expresidente volverá a comparecer en sede judicial el viernes, junto con sus hermanos y otros empresarios ligados a la trama, dentro de la causa principal por la que ya prestó declaración tras su arresto en noviembre investigado por delitos de blanqueo de capitales, malversación, fraude, prevaricación, cohecho y pertenencia a organización criminal.