Determinan someter a evaluación ordinaria un proyecto de explosivos en El Campillo (Huelva) por "efectos adversos"

HUELVA 11 May. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este lunes el informe de impacto ambiental elaborado por la Dirección General de Calidad y Evaluación, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, para un proyecto de fábrica móvil de explosivos en 'El Campillo' (Huelva), en el que se concluye que es "necesario el sometimiento al procedimiento de evaluación ambiental ordinaria" porque "se prevén efectos adversos significativos sobre el medio ambiente".

Según indica la resolución, consultada por Europa Press, el 27 de febrero de 2025 se inició la tramitación del procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto 'Fábrica móvil de explosivos' en 'El Campillo' (Huelva), promovida por Orica Explosivos Industriales, SA.

El objeto del proyecto es el abastecimiento de la creciente demanda de las diversas explotaciones mineras ubicadas en la Faja Pirítica Ibérica, mediante la construcción y puesta en funcionamiento de una base logística dedicada al almacenamiento de explosivos y materias primas intermedias, que operará a través de unidades móviles de fabricación, denominadas MEMU, que permiten desplazar el explosivo y detonadores de forma segura hasta la zona de uso.

Las instalaciones comprenden dos recintos: uno de ellos dedicado principalmente al almacenamiento de materias primas intermedias para la fabricación de explosivos (MPIFE) junto con un lavadero y taller de las unidades móviles (MEMU), mientras que el otro tendrá como función el almacenamiento de los detonadores y el polvorín.

La actuación se localiza íntegramente en el término municipal de El Campillo, perteneciente a la provincia de Huelva. De forma específica, la implantación de las plataformas constructivas supondrá la ocupación total de algo más de 14.693 metros cuadrados sobre terrenos rústicos de uso principal agrario y forestal, dentro del paraje conocido administrativamente como Solanas de Aguzadera.

De este modo, el proyecto contempla un consumo estimado de cinco metros cúbico al año de agua potable destinada a los servicios higiénicos de los operarios, el lavadero de los camiones MEMU, el sistema contra incendios y riegos puntuales. El agua será suministrada mediante camión cisterna. Adicionalmente, el proyecto menciona un depósito de recogida de aguas pluviales para la limpieza de vehículos que no se recoge en el documento ambiental.

En relación con las aguas residuales generadas, el documento ambiental no prevé ningún vertido durante el funcionamiento, ya que las aguas procedentes del lavado de los vehículos MEMU, de baldeos y limpieza serán almacenadas en tanques estancos para la gestión externa.

Sin embargo, tal y como señala la Dirección General de Recursos Hídricos de la Junta de Andalucía, esta información "contradice el sistema descrito en el proyecto, donde se prevé la conducción de los diferentes efluentes a un decantador y separador de hidrocarburos y a una fosa séptica, desde donde se verterán a pozos filtrantes que verterán el efluente final directamente al terreno".

En este sentido, ese organismo manifiesta que la información aportada para este sistema de tratamiento es "insuficiente", ya que "no se proporciona una caracterización de las aguas residuales, no se detalla el tipo de equipo a emplear para el tratamiento de aguas y no se definen los parámetros de vertido y el cumplimiento de las normas de calidad de aguas y valores límites de emisión".

La generación de residuos durante la fase de construcción se estima en 107 toneladas de residuos no peligrosos, previstos como residuos de construcción y demolición. En fase de funcionamiento, la instalación ostentará la condición legal de "pequeño productor de residuos peligrosos", previéndose una producción anual inferior a las diez toneladas.

Por otro lado, la Dirección General de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Agenda Urbana de la Junta de Andalucía informa de que el proyecto se encuentra en la denominada 'Ribera del Odiel' (RA-7), por lo que manifiesta "la posible afección indirecta derivada del vertido de aguas y/o contaminantes, así como de emisiones atmosféricas e impacto visual".

Por su parte, el Ayuntamiento de Campofrío advierte de la posible incompatibilidad del proyecto con la candidatura oficial a geoparque transnacional Huelva-Alentejo ante la Unesco, cuyo ámbito incluye a toda la Cuenca Minera de Huelva y a este municipio. Asimismo, advierte sobre los potenciales efectos del proyecto sobre la ganadería y otras actividades ya implantadas en la zona, no evaluados por el promotor.

El promotor cataloga el riesgo de explosiones e incendios como medio, si bien el término municipal de El Campillo está incluido como zona de peligro de incendios forestales de la Junta de Andalucía, según el Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía, y en línea con lo expuesto por el Ayuntamiento de Campofrío. Dada la actividad del proyecto y el carácter forestal de la zona, el proyecto "debe revisar con mayor alcance y nivel de detalle el riesgo de incendio forestal y las medidas adecuadas para reducirlo y combatirlo de manera temprana".

Asimismo, carece del correspondiente plan de autoprotección de incendios forestales, conforme determina la normativa en materia de incendios forestales de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Por otra parte, el Ayuntamiento de Campofrío advierte de que la proximidad de vertederos de residuos peligrosos mineros (presas de Aguzadera y de Cobre) constituyen "factores de riesgo por inestabilidad, permeabilidad y baja resistencia a movimientos sísmicos que se verían acentuados por la construcción la fábrica de explosivos a 850 m de distancia de las balsas mineras".

Además de lo anterior y como consecuencia de "los potenciales impactos significativos en materia de vulnerabilidad del proyecto frente a accidentes graves y catástrofes naturales", deducidos en la evaluación practicada, se concluye que el proyecto presenta "una vulnerabilidad crítica", por lo que, previamente a su autorización, debe ser sometido a un procedimiento ordinario de evaluación de impacto ambiental".

Así, el Ministerio señala que es "necesario" detallar el estudio probabilístico de sucesos iniciadores de una explosión accidental, de forma que se sugiere fundamentar las probabilidades de ocurrencia a partir de tasas de fallo históricas de los equipos críticos que permitan deducir una frecuencia numérica real en el caso de sucesos iniciadores inherentes a la actividad del proyecto.

Debería elaborarse una simulación de la onda expansiva asociada a una explosión accidental de las instalaciones, considerando el diseño constructivo del almacén de explosivos. En particular, "debería analizarse si la onda expansiva golpearía el dique de residuos de la presa Aguzadera, afectando a su estabilidad y pudiendo provocar la licuefacción de los residuos mineros del depósito".

Además, según el Ministerio, el promotor "debería incorporar al proyecto un conjunto de medidas de alerta, respuesta inmediata y medidas de reparación de daños", que "garanticen la prevención y restitución total de los recursos naturales y servicios ecosistémicos afectados en caso de accidente grave, como puede ser una explosión accidental".