El Grupo de Estudios de Política Criminal (GEPC), formado por más de 200 profesores y catedráticos y jueces y fiscales expertos en derecho penal, ha propuesto derogar el delito de ultrajes a España, despenalizar las injurias y limitar los delitos de calumnias y los de odio, de forma que las expresiones que no inciten directamente a la comisión de un delito queden fuera del Código Penal (CP).
