Cassá reprocha a De la Torre que no haya sido él mismo quien haya dado este paso
MÁLAGA, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -
El grupo de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Málaga, socio de investidura del equipo de gobierno del PP, va a poner en conocimiento de la Fiscalía, por si se hubiera cometido un delito de tráfico de influencias, las declaraciones del presidente del comité de Limasa, Manuel Belmonte, en las que decía tener constancia de colocaciones en esta empresa mixta por parte de los partidos políticos, aunque sin dar nombres.
El portavoz de C's, Juan Cassá, quien ha reprochado al alcalde, Francisco de la Torre, que no haya sido él mismo quien diera este paso, ha dejado claro este martes, en rueda de prensa, que "Ciudadanos no ha venido al Ayuntamiento a tener posiciones fáciles y no podemos conformarnos sin más ante la respuesta de Manuel Belmonte".
Más aún, ha subrayado que como concejales es su "obligación por ley" trasladar los audios y vídeos de la comisión de investigación de Limasa en las que Belmonte hacía estas declaraciones a preguntas, precisamente, del viceportavoz de C's, Alejandro Carballo. De hecho, ha considerado que hay "indicios suficientes" para investigar un posible delito de tráfico de influencias.
Aunque ha admitido que, tras estas declaraciones de Belmonte en las que decía que le constaba que partidos políticos habían colocado a trabajadores en Limasa, "no vamos a disparar indiscriminadamente sin tener más datos", sí ha manifestado que son suficientes como para ponerlas en conocimiento del ministerio público, ya que "son unas afirmaciones muy graves".
"Es nuestra obligación como grupo municipal fiscalizar al equipo de gobierno y también a la empresa Limasa, que tantos problemas ha traído a la ciudad de Málaga", ha señalado Cassá. Ante esto, Carballo ha precisado que "no vamos a quedarnos de brazos cruzados", considerando "una acción responsable" acudir a la Fiscalía.
CRÍTICAS A LOS GRUPOS Y AL ALCALDE
El viceportavoz de Ciudadanos, por su parte, ha llamado la atención sobre el hecho de que, durante la comisión y ante las declaraciones del presidente del comité de empresa, ningún concejal del resto de grupos políticos "alzara la voz", en especial referencia a los que estaban antes de 2013.
"Se hizo el silencio y nadie, ni siquiera por alusiones, hizo ninguna pregunta", ha resaltado Carballo, opinando que "parece que no han querido entrar mucho en el asunto".
Cassá, asimismo, no ha considerado "suficiente" la respuesta de este pasado lunes del alcalde ante las declaraciones de Belmonte, en las que rechazaba que fuera una práctica del equipo de gobierno del PP e instaba al dirigente sindical a dar datos concretos.
De hecho, Cassá ha opinado que debería haber sido el propio regidor el que hubiera acudido al ministerio público: "si el alcalde tiene conocimiento de estas declaraciones tras la comisión del viernes, él mismo debería haberlas llevado el lunes a la Fiscalía".
El edil de C's ha vuelto a lamentar "la pésima gestión" del servicio de limpieza, que cuesta a los malagueños 90 millones de euros al año; donde los privados se han llevado desde 2001 hasta diciembre de 2014 más de 24 millones de la llamada asistencia técnica, un concepto "bastante sospechoso", y donde se contemplan los puestos hereditarios.
Ante esto, Cassá ha justificado de nuevo la existencia de la comisión de investigación de Limasa, que él mismo preside, ya que "queremos que se pueda escarbar y sacar información para saber por qué se ha llegado a esta situación".
"Estamos demostrando con mucha tozudez que esta comisión es necesaria", ha apostillado el edil de la formación naranja, advirtiendo de que "no se trata de una pantomima, sino que es un tema que nos tomamos muy en serio".
Según ha expuesto, "una comisión de investigación es la única herramienta que tenemos para llamar a todos los actores implicados y que se vea con luz y taquígrafos lo sucedido".
COMPARECENCIA DE LOS SOCIOS PRIVADOS
En este punto, Cassá ha considerado que sería ya el momento de que comparecieran en esta comisión de investigación los representantes de la parte privada de Limasa, que tienen el 51 por ciento del accionariado.
"Tienen que venir y dar explicaciones porque durante los once días de huelga se borraron y porque, además, cobran por asistirse a sí mismos", ha indicado el concejal de Ciudadanos en alusión a la polémica asistencia técnica. De todos modos, ha precisado que es su intención, como presidente de la comisión, consensuar las comparecencias con el resto de grupos.
Durante su intervención ha querido subrayar, además, que no es intención de su grupo "criminalizar" a los trabajadores; de hecho, ha incidido en que "reclaman unas condiciones que no vienen de Marte y que fueron firmadas por Francisco de la Torre".
El presidente del comité de empresa de Limasa reconoció en esa comparecencia del pasado viernes que le "consta" que partidos políticos del Consistorio han colocado a trabajadores en esta empresa. Más aún, aunque admitió que no le parecía bien, señaló que no se había denunciado porque "todos hemos estado dentro de ese juego".
