SEVILLA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -
El colectivo de jueces, fiscales y secretarios judiciales de Sevilla advirtió hoy miércoles a la Delegación Provincial de Justicia y Administración Pública de las "disfunciones" en el funcionamiento del servicio público judicial que supondría restringir el uso de taxis por parte de los funcionarios en los actos de comunicación, como los embargos y las notificaciones.
En declaraciones a Europa Press, el juez decano de Sevilla, Federico Jiménez Ballester, informó de que en el encuentro mantenido en la mañana de hoy con la delegada provincial del ramo, Francisca Amador, ésta ha informado a los operadores judiciales del contenido de la Instrucción 2/2009 emitida con fecha 29 de julio del presente año 2009 por el departamento que dirige Begoña Álvarez.
En este sentido, Jiménez Ballester señaló que durante el encuentro, de carácter eminentemente informativo, se ha trasladado a la delegada provincial los "problemas" que podría generar esta orden por la cual se acuerda que los desplazamientos de los trabajadores de los juzgados y tribunales andaluces se hagan en medios de transporte público colectivo, salvo autorización expresa de otro medio de transporte.
Al hilo de ello, el juez decano llamó la atención sobre uno de los principales inconvenientes de la implantación de esta medida, como es el hecho de que existen determinados lugares donde el transporte público colectivo no puede llegar, mientras que determinados procedimientos judiciales implican una "celeridad" que transportes como el autobús no permiten.
De igual modo, valoró la importancia de que el servicio de Guardia disponga de un vehículo de circulación preferente que no se vea afectado por el tráfico cotidiano, de cara a casos como levantamiento de cadáveres, punto en el que destacó la "receptividad" demostrada por la responsable provincial de Justicia, que les ha informado de que en los próximos días plantearán "soluciones" y "alternativas" a los problemas presentados.
HASTA TRES MILLONES EL PASADO AÑO
Según informó el departamento de Begoña Álvarez a Europa Press, la Consejería hizo frente en 2008 a gastos por valor de tres millones de euros en concepto de los taxis utilizados por los trabajadores de los juzgados y tribunales andaluces, recordando que el Estatuto de Autonomía para Andalucía atribuye a la Junta la competencia sobre los medios materiales de la Administración de Justicia.
En este sentido, resaltó que el principio de eficacia en la actividad de la Administración Pública "debe coligarse con la eficiencia y economía en la aplicación de los fondos públicos, por lo que se hace necesario establecer unos criterios para el uso de los medios de transporte cuando se realicen actuaciones judiciales".
Por ello, ha emitido una instrucción por la que se regula la utilización de los taxis para los servicios que a diario se practican en la comunidad autónoma, de manera que los desplazamientos se harán, tal y como establece el 'Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio', en medios de transporte público colectivo, salvo autorización expresa de otro medio de transporte.
