SEVILLA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía, Begoña Álvarez, aseguró hoy que "no teme" que la construcción de la Ciudad de la Justicia "se retrase más" como consecuencia del recurso contencioso-administrativo contra el plan parcial de Los Gordales presentado por la Autoridad Portuaria y aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla el pasado mes de noviembre.
En declaraciones a los periodistas en Sevilla tras reunirse con asociaciones de Memoria Histórica, Álvarez manifestó que su Cartera "está trabajando conjuntamente con la Consejería de Vivienda y con el Ayuntamiento en una colaboración intensa desde hace meses para esclarecer la situación de esos suelos", en alusión a los mencionados terrenos.
De esta forma, la consejera de Justicia señaló que esta colaboración se está produciendo al objeto de que, cuando el terreno que se destinará a tal uso pase a propiedad de la Junta de Andalucía, "no se dé absolutamente ningún retraso en lo que supondrá la construcción de la Ciudad de la Justicia", apostilló.
Asimismo, Álvarez apuntó que es "consciente de que todos lo planes sufren una u otra impugnación porque son muchos los intereses en juego", y volvió a incidir en que lo que sí quieren es que cuando los suelos lleguen a ser propiedad del Gobierno andaluz, "no haya ningún obstáculo, ninguna suspensión ni retraso que pueda hacer que la Ciudad de la Justica, por la que llevan peleando para sacarla adelante mucho tiempo, sufra nuevos retrasos". Así, concluyó diciendo que "cuando los suelos sean de la Junta el impulso será definitivo".
Según informa en su edición de hoy el rotativo 'El Correo de Andalucía', el recurso contencioso-administrativo fue presentado por el presidente del Puerto, Manuel Fernández, después de que la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento hispalense rechazara las alegaciones que presentaron al plan parcial, al no estar de acuerdo con el aprovechamiento de dos parcelas de Los Gordales que son de su propiedad. Este planteamiento fue rechazado, motivo por el cual la Autoridad Portuaria ha recurrido a la vía judicial para conseguir sus fines.
