Trabaja ya en una iniciativa legislativa para que el Registro de la Propiedad incluya los procesos judiciales que pueden acabar en demolición
SANTANDER, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -
Representantes y colectivos de afectados por sentencias de demolición de Cantabria, Galicia, Andalucía y País Vasco han constituido formalmente la Coordinadora de Asociaciones Projusticia en el Urbanismo (CAJU) para intentar evitar nuevos casos, frenando así el "problema de Estado" que, a su juicio, constituyen en España los derribos y buscar una "solución" para aquellas familias y terceros de buena fe que actualmente ya lo padecen y viven una "cadena perpetua".
La presentación de CAJU ha tenido lugar en el Palacio de la Magdalena de Santander, donde se han dado cita asesores jurídicos de estas comunidades autónomas, que han presentado las nuevas iniciativas legislativas en las que están trabajando para proteger a los ciudadanos del "problema social" de los derribos y las irregularidades urbanísticas.
Antonio Vilela, presidente de AMA, la asociación que engloba a los afectados en Cantabria, ha expuesto que en España padecen este problema más de 2 millones de personas, con 500.000 viviendas declaradas ilegales, de las cuales 50.000 tienen ya sentencia de derribo
Tras las modificaciones legislativas que han impulsado la labor conjunta de estas asociaciones de afectados --aunque es ahora cuando se constituyen como Coordinadora Nacional llevan colaborando dos años--, como las que suponen el 319.3 del Código Penal y el apartado 108.3 introducido en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, están trabajando en una iniciativa que haga obligatoria la inscripción en el Registro de la Propiedad de procedimientos judiciales de restauración de la legalidad urbanística, como son las demoliciones.
Según han explicado, el objetivo de esto es evitar que compradores que consultaron el Registro de la Propiedad para comprobar que la vivienda que iban a adquirir tenía todas las licencias y cumplía con la legalidad se encuentren o hayan descubierto tiempo después de que sobre la misma pesaban sentencias de demolición o había algún procedimiento judicial iniciado contra el inmueble.
De esta manera, CAJU trabaja ya en un propuesta de enmienda que sugiere una modificación del texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana Nacional para que en el artículo relativo a los actos inscribibles en el Registro de la Propiedad para que se incorporen dos nuevos apartados que obliguen a que los procedimientos judiciales encaminados a la demolición de una vivienda tengan que quedar reflejados en él.
Concretamente, en esta propuesta, que ya ha sido presentada e incluso asumida por parte del PSOE de Andalucía e incorporada en su programa electoral en las pasadas elecciones, se pretende que en el Registro se informe de la interposición de un recurso contencioso-administrativo que pretenda, o bien, la anulación de instrumentos de ordenación urbanística, de ejecución o de actos administrativos de intervención o la restauración de la legalidad urbanística, así como las sentencias firmes.
En el otro apartado que se plantea añadir va encaminado a garantizar que los terceros adquirientes de buena fe que inscriban su derecho con anterioridad a la anotación de la interposición de este tipo de recursos contencioso administrativo en el Registro "quedarán protegidos por la fe pública registral.
