Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 17/11/2008 18:36
La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha renunciado a presentarse como acusación contra los 15 estudiantes expedientados y en proceso penal por herir, presuntamente, a dos guardias de seguridad durante la entrada forzosa de estudiantes al rectorado para protestar contra el desalojo policial de unos 50 estudiantes que se encerraron en la Facultad de Filosofía y Letras contra el Plan de Bolonia.
En un comunicado, la universidad anunció que la semana pasada el rector, Lluís Ferrer, comunicó al Juzgado de Instrucción número 4 de Cerdanyola del Vallès (Barcelona) que "renuncia al ejercicio de la acción penal y manifiesta su voluntad de no comparecer en esta causa".
La universidad recordó que la instrucción está "hecha de forma independiente por instructores no vinculados con los hechos", así como los estudiantes relacionados han sido representados "por libre deseo por un abogado". Los 15 expedientes se encuentran en una fase final, por lo que la UAB no tomará ninguna decisión "hasta que no se conozcan las eventuales propuestas de sanción".
La UAB también matizó que en este proceso actuó como denunciante de los hechos tras la presunta agresión a dos guardias de seguridad del centro. Según dicho comunicado, la universidad "se limitó a poner en conocimiento de los hechos a la autoridad judicial" después de la comunicación de oficio del hospital y de la denuncia del mismo agente de seguridad.
Precisamente, unos 80 estudiantes de la UAB --según la universidad-- ocuparon hoy tres aulas de la Facultad de Políticas para pedir la retirada de los expedientes y de los procesos judiciales abiertos. También exigieron la realización de un referéndum vinculante sobre la adaptación a Bolonia y que la universidad reconozca su déficit económico.
En el mismo comunicado, la UAB avanzó que no realizará ningún tipo de consulta, ya que este procedimiento no figura en la legislación vigente. Respecto a las balanzas fiscales de la universidad, concretó que la Generalitat y la Sindicatura de Cuentas ya conoce, con documentación escrita, el déficit.