Asegura que los 35.500 millones recaudados por la Agencia Tributaria sólo suponen un 8% del fraude
MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -
Los técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda (Gestha) estiman que el Plan Integral de Prevención y Corrección del Fraude Fiscal, Laboral y a la Seguridad Social, aprobado hoy por el Consejo de Ministros, tendrá un alcance "muy limitado" sobre la economía sumergida.
En un comunicado, afirmaron que el plan no desplazará la lupa de la investigación hacia las principales bolsas de fraude como son las grandes corporaciones, sociedades instrumentales, cuentas depositadas en paraísos fiscales o la elusión de las grandes fortunas, sino que intensificará el control sobre autónomos, pymes y trabajadores.
Gestha estima que este nuevo plan supone un "pequeño paso adelante", porque el Gobierno exigirá a la Agencia Tributaria (AEAT) un aumento trienal de un 6% en los objetivos de recaudación por fraude, el doble del objetivo del 3% que este organismo se había fijado inicialmente, consciente de que es necesario mejorar la actual tasa de cobro del 13% de las deudas liquidadas en la lucha contra el fraude.
El colectivo lamentó que el Gobierno no haya aprobado medidas "realmente eficaces" que terminen con la consideración de España como "balneario fiscal". Además, afirmó que, si bien en los últimos cinco años la Agencia Tributaria recaudó 35.500 millones de euros provenientes de la economía sumergida, ello supone que "el 92% del fraude escapa del control del Fisco".
Asimismo, los Técnicos de Hacienda señalaron que el objetivo del Gobierno de aumentar los ingresos derivados de la lucha contra el fraude en 1.000 millones en 2013 es "muy poco ambicioso", frente al objetivo de los técnicos de recaudar 6.500 millones adicionales solo en este año 2010, siempre y cuando se les autorice a extender sus investigaciones a las grandes empresas más allá de pymes y autónomos.
VALORAN ALGUNAS DE LAS MEDIDAS.
Del conjunto de medidas aprobadas hoy, los técnicos de Hacienda valoraron, por encima de todas, la colaboración efectiva entre la Agencia Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social e Inspección de Trabajo, así como la creación de bases de datos compartidas entre los distintos organismos, ya que "permitirá obtener mayor rendimiento de esta información y realizar acciones de control conjuntas".
Según el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, "parece increíble que hayan tenido que pasar 18 años desde la creación de la AEAT para que finalmente se comparta con otro Ministerio la información de las empresas". "Sin duda se trata de un primer paso para acabar con el concepto patrimonial de la información que caracteriza a nuestras administraciones públicas", añadió.
Sin embargo, el colectivo estima que las medidas adoptadas en materia de coordinación administrativa son todavía "poco ambiciosas", ya que el Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos deberían compartir su información tributaria, así como llegar a acuerdos de colaboración entre las distintas agencias estatal, autonómicas y locales, estableciendo el consorcio del IRPF en este año 2010.
En relación a los paraísos fiscales, Gestha animó al Gobierno a que España lidere, en la presidencia de turno de la UE, la lucha contra los paraísos fiscales, instando a la UE, la OCDE y el G-20 a que exijan a estos territorios la firma de convenios de intercambio de información, en lugar de simples acuerdos.
Según Mollinedo, los actuales acuerdos no tienen un efecto sustancial en la lucha contra el fraude, pero los convenios sí, ya que mediante los acuerdos las autoridades de los paraísos fiscales se comprometen a facilitar información sólo si existen indicios o sospechas de titularidad de acciones, cuentas o depósitos situados en un concreto paraíso fiscal, y bajo petición individualizada en el curso de una investigación judicial o administrativa.
Finalmente, con respecto a la necesaria coordinación internacional en la lucha contra el fraude, los técnicos instaron al Gobierno a que lidere también en la UE los acuerdos necesarios para alcanzar una metodología común de estimación de la economía sumergida en los distintos territorios, de manera que se cuantifiquen claramente las bolsas de fraude y se establezcan unos objetivos claros de reducción con carácter periódico.
