PONTEVEDRA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -
La concejala de urbanismo del Ayuntamiento de Pontevedra, Carme da Silva, ha informado este martes en rueda de prensa de que el Gobierno central, demostrando la ausencia "del más mínimo respecto institucional", amplió la prórroga de ENCE sin contestar a sus alegaciones.
Según ha explicado, Costas ha presentado este martes un escrito en el Consistorio de Pontevedra en relación a las alegaciones presentadas en su día por el gobierno municipal en este procedimiento.
La comunicación entró este martes por registro, un día después de que ENCE haya anunciado la concesión de la prórroga para continuar en la ría de Pontevedra durante 60 años más.
Según informó Carme da Silva, en la comunicación, firmada por un alto cargo del Ministerio de Medio Ambiente, se indica que las alegaciones presentadas por el gobierno municipal en este procedimiento serán "valoradas y contestadas" en la resolución final.
Esto demuestra, para la edil del BNG, que el PP "puso todo su aparato administrativo y legal al servicio de ENCE", lamentando que la empresa anuncie la prórroga "antes de que llegue este escrito al ayuntamiento y sin contestar a las alegaciones".
El Ayuntamiento ya ha trasladado esta comunicación de Costas a los servicios jurídicos para que estudien los pasos a seguir, por si este documento pudiese servir para impugnar la decisión del Gobierno con respecto a la pastera.
"INTERÉS LEGÍTIMO"
En este mismo escrito, Costas informa al Ayuntamiento que rechaza que la Asociación pola Defensa da Ría (APDR) pueda personarse como parte interesada en este expediente por carecer de "interés legítimo en el mismo" y asegurar que este tipo de procedimientos administrativos "quedan fuera del ámbito de la acción popular".
Da Silva recordó que en todo procedimiento urbanístico y medioambiental es "fundamental" la exposición pública de los trámites que hay que realizar.
Todo esto deja claro, según la concejala de Urbanismo, que el Gobierno, la Xunta y ENCE tenían un "cronograma perfectamente establecido" desde hace años para asegurar la continuidad de la empresa en Lourizán, objetivo para el que "estuvieron trabajando sin descanso" desde las más altas esferas del Estado.
