RANGÚN, 9 Dic. (Reuters/EP) -
La comunidad internacional ha instado este viernes al Gobierno de Birmania a ampliar el acceso de la ayuda humanitaria a la región de Rajine, donde al menos 86 personas han muerto y 22.000 se han visto obligadas a desplazarse hacia Bangladesh desde que comenzaron las operaciones militares en la zona.
La premio Nobel y consejera de Estado Aung San Suu Kyi se encuentra bajo presión debido al aumento de la tensión en el noroeste del país. El Ejército ha desplegado varios efectivos en el área para controlar los ataques en la zona, donde murieron 9 policías en octubre.
Las ayudas en la región, que antes del incidente llegaban a unas 150.000 personas, sólo cubren ahora las necesidades de 20.000 birmanos. Según la ONU, que ha instado a la consejera de Estado a asegurar la protección de los ciudadanos, gran parte de las ayudas no han sido aún distribuidas.
Varios diplomáticos han señalado que el reparto de las ayudas, que es aprobado en Naipyidó, la capital del país, a veces se ve retrasado por los diversos controles militares que existen en el estado de Rajine.
"Nos preocupa la demora de las ayudas, por lo que insistimos a todas las autoridades de Birmania que luchen contra los obstáculos y logren acceder a las miles de personas que sufren malnutrición en la zona y que necesitan asistencia", han afirmado varios enviados especiales a Birmania en un comunicado conjunto.
Al menos 22.000 musulmanes han huido del país hacia Bangladesh desde el 1 de noviembre, según datos de la ONU, que ha señalado que la zona cuenta con 30.000 desplazados internos y miles de afectados por la violencia.
El Gobierno de Suu Kyi, que ha rechazado las continuas acusaciones de las organizaciones humanitarias sobre las violaciones a mujeres de la etnia rohingya a manos de los militares en la región, ha establecido una comisión para investigar este tipo de denuncias.
Los budistas y los musulmanes rohingya han vivido separados en Rajine desde que se produjeron los enfrentamientos de 2012, que se saldaron con cientos de muertos. La situación supone ahora un gran desafío para la Administración de Suu Kyi.
