Jueces y Fiscales recuerdan a Aguirre que convertir el TC en una sala del TS precisaría una reforma constitucional y defienden dejarlo como está
MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -
El portavoz de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, José Luis Armengol, ha respaldado este viernes las tesis sobre el Tribunal Constitucional (TC) que sostiene la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y ha declarado que "sí que habría que hacer un debate importante" sobre el Constitucional porque "no es un tribunal judicial" sino "político destinado, básicamente, a evaluar la constitucionalidad de las normas".
"La clase política tiene que reforzar la composición de los miembros en el sentido de que, en primer lugar, sean personas conocidas en el ámbito jurídico y que, en segundo lugar, sean claramente independientes de los partidos políticos", ha remachado Armengol en declaraciones a Europa Press, después de que Aguirre afirmara este jueves que "si hay que hacer recortes, a lo mejor tenemos que pensar que el Constitucional sea una sala del Supremo" y que se preguntase "por qué tiene que haber un tribunal nutrido por políticos, que se llaman magistrados pero no lo son".
Para Armengol, "esos son los dos problemas fundamentales que tiene ahora mismo el TC". "Lo que hemos comprobado es que, año sí y año también, todos los partidos intervinientes en el sistema de elección han procedido al nombramiento de personas con unas vinculaciones políticas muy importantes", ha lamentado, al tiempo que ha agregado que el "Tribunal Constitucional es un órgano que está, lógicamente, en la Constitución y evidentemente tiene que existir como ocurre en el resto de países europeos".
Sin embargo, Armengol ha explicado que "en el ámbito de sus competencias se han producido distintos posicionamientos y hay diferentes tesis". "Una de la tesis aboga porque el recurso de amparo quede extraído del TC y fuera o bien a una sala especial del TS o bien, que yo creo que sería lo más conveniente, a las propias salas afectadas en materia civil, penal, contencioso-administrativo o social", ha revelado.
MODIFICACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN
El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Pablo Llarena, ha recordado que "cualquier cambio", en el sentido de que el control de la constitucionalidad de los procedimientos se asiente en una sala específica del Tribunal Supremo (TS) y, consecuentemente, en el Poder Judicial, en vez de en el Tribunal Constitucional (TC), "exigiría" no la modificación "de una ley orgánica sino un cambio de la Constitución".
"Cualquier cambio en ese sentido, por más que exista en otros países que es cierto, exigiría no un cambio de una ley orgánica sino un cambio de la Constitución y es al Poder Legislativo a quien le corresponde hacer esa ponderación", ha declarado.
Aunque Llarena ha reconocido que el hecho de que "el control de la constitucionalidad de los procedimiento se asiente en una sala específica del Supremo" es una "posibilidad que contemplan algunos ordenamientos jurídicos en el derecho comparado", el portavoz de la APM también ha manifestado que, "en cualquier caso, el Constituyente español, cuando en el 78 realizó un análisis de esta cuestión sobre si atribuir ese control a un órgano externo al Poder Judicial como el TC o a un órgano interno como hubiera sido el TS, realizó la opción que tenemos actualmente vigente".
Por su parte, el portavoz de Foro Judicial Independiente (FJI), Ángel Dorado, ha señalado que "de lo que se habla es de que muchos de los recursos de amparo podrían acabar en el Supremo" y ha abogado por "redimensionar las competencias del TC" porque está "atascado" y por traspasar las atribuciones que el Constitucional tiene sobre "temas de carácter ordinario" al Supremo.
Sobre la politización del Constitucional, el presidente de la Asociación de Fiscales, Antonio Roma, ha explicado en declaraciones ha Europa Press que la propia Carta Magna establece el "sentido político" de este órgano. De esta forma, ha manifestado que las declaraciones de Aguirre "no son nada nuevo".
"Ciertamente es un órgano que, en la Constitución, tiene un sentido político, porque decide las competencias, lo que le toca a cada Comunidad Autónoma, al Estado, etcétera", ha explicado, para añadir que los magistrados del TC se diferencian de los del resto de tribunales de la Jurisdicción en lo que a los criterios de nombramiento se refiere.
Respecto a la posibilidad de sustituir el Tribunal Constitucional por una sala en el Supremo, Roma ha recordado, al igual que el resto de portavoces, que ello requeriría una modificación de la Constitución y que por lo tanto, "parece complicado que se pueda realizar". "Este sistema constitucional tiene una arquitectura muy medida", ha matizado.
EL TC ES "PRIMORDIAL"
Tanto la Unión Progresista de Fiscales (UPF) como la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales han manifestado también la dificultad que conllevaría hacer realidad la propuesta de Aguirre, porque ello requeriría una reforma de la Constitución, al tiempo que se han mostrado contrarias a dicha posibilidad porque consideran que las funciones del TC son "fundamentales".
Según ha asegurado a Europa Press la portavoz de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, Lucía Girón, el Constitucional es el "máximo garante de la Constitución como ley de leyes". "La función del Constitucional es primordial, con independencia de la menor o mayor fortuna de las decisiones que tome", ha añadido.
En este sentido, la portavoz de la UPF, María Moretó, ha asegurado que el TC y el TS "tiene funciones distintas" y por lo tanto "hay que dejar la Institución como tal". "Tiene que seguir porque tiene una función específica que no cumple el Supremo, que es velar por la Constitución", ha afirmado.
GRAVES ACUSACIONES DE AGUIRRE
Asimismo, Moretó ha denunciado que Aguirre sólo manifiesta su descontento con este órgano cuando no le gustan las sentencias que emite. "Lo que tienen que hacer los políticos es no politizar las sentencias", ha remarcado.
"Lo que no puede hacer es ese desprestigio de las Instituciones cuando adoptan resoluciones que no le parecen adecuadas. Decir que los magistrados prevarican y se dejan llevar por sus ideas sin aplicar el Derecho es fortísimos, es incluso un delito. Cuando se hacen acusaciones tan graves hay que probarlas", ha aseverado.
En este sentido, ha defendido la labor profesional que realizan los miembros del TC, que "aunque no sean magistrados de carrera, son juristas" y, en su opinión, "desempeñan su función con total independencia y con rigor. "Todos son personas que vienen del mundo del Derecho. Otra cosa es que no nos guste", ha apuntado.
