BARCELONA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de Barcelona pide un año de cárcel para el alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol (PP), por haber repartido junto a la líder del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, panfletos electorales que vinculaban a los gitanos rumanos con los problemas de seguridad y delincuencia de la ciudad.
Según la petición del fiscal Miguel Ángel Aguilar a la que ha tenido acceso este jueves Europa Press, Albiol también debería pagar una multa de más de 8.000 euros por un delito de incitación al odio racial o a la violencia.
Los 15.000 dípticos que los populares repartieron por las calles de Badalona en abril de 2010 --año anterior a las elecciones municipales-- contienen fotografías de gitanos rumanos acompañados de lemas como 'inseguridad', 'delincuencia' y 'vandalismo', y la imagen de una pintada con el mensaje 'no queremos rumanos'.
También se muestran frases en las que se asegura a la ciudadanía que, si Albiol es alcalde, habrá más seguridad porque todos se tendrán que adaptar a las normas y costumbres de Badalona: 'Podremos salir por el barrio con la Seguridad de no ser acosados ni atracados', constata la calificación fiscal.
El Ministerio Público explica en su informe que en los días posteriores al reparto, Albiol continuó su campaña preelectoral en diferentes medios de comunicación "con el fin de propagar y amplificar su mensaje de incitación a la hostilidad y al trato desigual e injustificado" contra los colectivos gitano y rumano.
La Audiencia de Barcelona había obligado a mediados de septiembre al Juzgado de Instrucción 2 de Badalona a reabrir la acusa al concluir que estas expresiones representan objetivamente un ataque a la dignidad personal y al honor de todos lo miembros del colectivo de gitanos rumanos y pueden contener un "mensaje claramente incitador a la discriminación y al odio".
Esta decisión echó por tierra la decisión del juzgado de instrucción, que se había limitado a considerar como excesos verbales algunas de las declaraciones del alcalde pero apeló a la libertad y al derecho del político de "expresar políticas de inmigración alternativas a la vigente", y obligará al alcalde popular a ir a juicio y sentarse en el banquillo de los acusados.
