Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 25/10/2009 13:02
La Comisión de Educación del Congreso abordará, previsiblemente en su próxima reunión, una proposición no de ley (PNL) presentada por el PSOE para pedir al Gobierno la creación de una línea de becas de investigación para trabajos "que permitan conocer la relación exacta y completa de las personas asesinadas, represaliadas, encarceladas y exiliadas durante la Guerra Civil y el franquismo".
Tales investigaciones también deberían permitir conocer las "circunstancias" en que se produjeron los asesinatos y represiones y, "en su caso, los lugares donde se encuentran los restos mortales, según dice el texto de la PNL al que ha tenido acceso Europa Press.
Para cumplir este objetivo, los socialistas proponen la firma de un convenio entre el Ministerio de Educación y el Centro Documental de la Memoria Histórica, puesto que entre los fines de ésta está fomentar la investigación histórica sobre la guerra, el exilio, el franquismo y la transición y otorgar ayudas a investigadores.
No obstante, los autores de la PNL no han estimado el coste que tendría esta línea de becas. La iniciativa la presentaron en abril el entonces 'número dos' del Grupo Socialista -y hoy eurodiputado_Ramón Jáuregui y el diputado por La Rioja César Luena, pero aún no se ha debatido porque unos días después se produjo una remodelación del Gobierno que sacó la competencia de Universidades del Ministerio de Ciencia para devolverlo al de Educación y ha obligado a una remodelación de las comisiones en el Congreso.
El PSOE, que espera contar con el apoyo al menos de los grupos de izquierda para sacar adelante el proyecto, pretende así dar continuidad a la llamada ley de la Memoria Histórica, que reconoce que "quedan aún iniciativas por adoptar" para responder a las demandas de los familiares de los represaliados, que son los que iniciaron los esfuerzos por conocer una relación definitiva de víctimas del franquismo.
Además, el PSOE considera que el ámbito investigador es adecuado para seguir adelante con estas pesquisas y, además, se cumplirá el objetivo de apoyar a los investigadores y facilitarles la publicación de estudios.
Hacer un censo de víctimas fue también lo que se planteó hace un año el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que recibió un listado de 130.137 desaparecidos, antes de decidir si se declaraba competente para investigar las denuncias presentadas por varias asociaciones de la Memoria para investigar las desapariciones del franquismo. Garzón finalmente admitió a trámite tales denuncias y eso le ha valido un proceso por prevaricación ante el Supremo.