ALMERÍA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -
Los ocho acusados de alijar cerca de una tonelada de hachís desde una zódiac hasta una furgoneta en la cala Malpaso de Villaricos, en Cuevas del Almanzora (Almería), han asegurado que ellos solo acudieron a "cargar paquetes" tras ser contratados para tal fin por terceros sin conocer exactamente el contenido de los bultos, toda vez que apenas pudieron efectuar dicho trabajo ante la irrupción de la presencia policial, ante la que huyeron de la zona antes de ser detenidos.
Así lo han trasladado durante la vista oral celebrada este martes en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Almería, en la que han limitado su papel como meros 'farderos', es decir, personas que se habrían dedicado únicamente a descargar el estupefaciente sin mayor relación con la operación, lo que podría reducir su responsabilidad de cara una sentencia condenatoria.
Los acusados, que han negado su relación entre ellos salvo tres por ser familiares, han explicado que el trabajo les fue ofrecido cuando acudieron a una rotonda de Roquetas de Mar en la que se concentran personas de origen extranjero, principalmente, quienes esperan a que se les ofrezca un jornal en la agricultura. Otro de los acusados ha dicho que el trabajo se lo ofreció un hombre procedente del barrio almeriense de El Alquián.
En este sentido, los dos identificados por la Fiscalía como las personas encargadas de pilotar la zódiac de la que se descargaron 30 fardos de hachís antes de las 9,30 horas del 4 de marzo del pasado año han rechazado que ellos estuvieran a bordo de la lancha y han asegurado que llegaron a la playa, al igual que los demás, conducidos por terceros en distintos coches.
Todos los acusados han negado saber de antemano que acudían a descargar fardos de hachís, si bien uno de ellos ha manifestado que ciertamente no hacía falta "ser un lumbreras para imaginar" en qué consistía una labor por la que, según han vuelto a coincidir en su mayoría, les prometieron el pago de unos 1.000 euros, aunque algunos han apuntado que no sabían si sería por solo una jornada o por varios días.
Los acusados, quien han elevado hasta "12 o 14" el número de personas presentes en el lugar de los hechos, han asemejado su papel al asegurar de forma generalizada que se encontraban ocultos en la cala y no salieron hasta escuchar el motor de una embarcación.
Así, todos ellos han manifestado que apenas pudieron descargar un paquete antes de detectar la presencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad, por lo que huyeron del lugar al oír "disparos" y se deshicieron de los bultos. Uno de ellos fue rescatado del mar, hacia donde huyó, según ha explicado.
La versión de los acusados choca con las apreciaciones efectuadas por los agentes de la Policía Local de Cuevas del Almanzora y los agentes de la Guardia Civil que participaron en el operativo, quienes han detallado que todos los fardos de hachís se encontraban cargados ya en la furgoneta en la que iban tres de los acusados, a quienes se detuvo tras cortarles el paso.
Asimismo, los agentes han explicado que pudieron ver momentos antes la llegada de la neumática a la cala así como la descarga del estupefaciente, de manera que cuando ejecutaron la operación pudieron detener a todos los integrantes de la operativa, que habían sido observados con anterioridad: tres en la furgoneta, cuatro mientras huían ladera arriba en los alrededores y uno en el mar.
Asimismo, los agentes han rechazado que durante la actuación para efectuar las detenciones se produjera ningún tipo de disparo disuasorio en el lugar de los hechos, toda vez que han ratificado el reconocimiento de los ocho detenidos, sin advertir que hubiera más gente en el lugar, así como la carga completa de los fardos de hachís en la furgoneta, que fue intervenida junto con la zódiac.
A tenor de las declaraciones y de los indicios, la Fiscalía ha mantenido su petición inicial de entre seis años y medio y cinco años y medio de prisión para los acusados, en función de su grado de participación y de antecedentes por delitos similares, mientras que las defensas han pedido penas mínimas, con un máximo de tres años para alguno de los casos, por un delito contra la salud pública en tentativa. El juicio ha quedado visto para sentencia.
