Propietarios de Matalascañas alertan de "posibles consecuencias jurídicas" para Almonte (Huelva) por la Zona ORA

ALMONTE (HUELVA), 6 (EUROPA PRESS)

La Asociación de Propietarios de Matalascañas ha remarcado este miércoles su "más firme oposición" a la "inminente" puesta en marcha del sistema de estacionamiento regulado (Zona ORA) prevista por el Ayuntamiento de Almonte (Huelva) para el próximo 15 de mayo de 2026, y subraya que el propio municipio almonteño "podría verse gravemente perjudicado por las consecuencias jurídicas y económicas" de una actuación que, a juicio de la asociación y de "los profesionales del derecho" que la asesoran, "adolece de irregularidades de primer orden".

En un comunicado, la asociación ha indicado que el Ayuntamiento adjudicó en septiembre de 2025, "mediante contrato de 30 años" a una empresa, un servicio público que "por ley exige como condición previa la existencia de una ordenanza municipal aprobada en pleno", una ordenanza que "no existe", subraya. "El propio alcalde reconoció públicamente, en el pleno de agosto de 2025, que la ordenanza debía aprobarse antes que el contrato. Sin embargo, invirtió el orden y adjudicó primero, dejando para después una cobertura normativa que hoy, ocho meses después, sigue sin aprobarse", añade.

Asimismo, lamenta que la consulta pública previa realizada por el Consistorio y que recibió alegaciones por parte de los propietarios "en tiempo y forma" se encuentra "sin respuesta" y que "el borrador de ordenanza no ha sido sometido a información pública", así como "la ordenanza no ha sido aprobada ni llevada a pleno". "Y, sin embargo, el servicio pretende arrancar en días".

Al respecto, indican que "iniciar la aplicación del servicio sin haber concluido siquiera el trámite de consulta pública previa supone vulnerar el principio de participación ciudadana en la elaboración de normas", así como "los principios de buena regulación y seguridad jurídica, privando a los afectados del derecho a que sus alegaciones sean valoradas antes de que la norma produzca efectos".

Por ello, los propietarios apuntan que "sin ordenanza, no hay base legal para cobrar" ya que "las tarifas de la ORA tienen la naturaleza jurídica de prestación patrimonial de carácter público no tributario" y "el artículo 31.3 de la Constitución Española exige que cualquier prestación de este tipo esté respaldada, en el ámbito local, por ordenanza aprobada en pleno". "Sin ese respaldo, ningún cobro a los usuarios tiene amparo jurídico", afirman.

En este sentido, la asociación subraya que "las sanciones por impago" serían "impugnables" y "nulas de pleno derecho" y considera "necesario" que "todos los miembros de la corporación municipal de Almonte conozcan con claridad el marco de responsabilidades en que podrían incurrir si el servicio se pone en marcha el 15 de mayo en las condiciones descritas".

"El Ayuntamiento quedaría expuesto a reclamaciones de responsabilidad patrimonial por los perjuicios causados a usuarios cobrados sin base legal, a propietarios afectados en el acceso o el valor de sus inmuebles, y a empresarios que sufran caída de afluencia. Estas reclamaciones, en un entorno con decenas de miles de usuarios durante los meses de verano, podrían alcanzar una cuantía de enorme magnitud con cargo a los presupuestos municipales, sufragada por todos los contribuyentes de Almonte", manifiesta la asociación.

A ello, indica, "se añade el posible conflicto con la empresa concesionaria, que podría reclamar daños y perjuicios por la imposibilidad de explotar un contrato cuya cobertura normativa nunca se completó". Igualmente, señala que "poner en marcha un servicio público con cobro a ciudadanos, a sabiendas de que carece de la cobertura normativa legalmente exigida, podría ser examinado desde la perspectiva del artículo 404 del Código Penal, que tipifica el delito de prevaricación administrativa".

"No efectuamos acusación alguna en este momento, pero advertimos de que nuestros servicios jurídicos analizarán todas las vías legales disponibles. La mera existencia de este riesgo debería ser razón suficiente para que los responsables municipales actúen con la máxima prudencia antes del 15 de mayo", concluye la asociación antes de solicitar la convocatoria de un pleno extraordinario urgente "para debatir y acordar la paralización de este servicio hasta que se cumplan todos los requisitos legales".

Finalmente, destaca que la asociación "no tiene interés en perjudicar al municipio ni a sus instituciones" sino que esta "advertencia" tiene por objeto "evitar que Almonte se vea arrastrado a un costoso conflicto judicial que podría haberse evitado con el simple cumplimiento de los procedimientos legalmente establecidos", toda vez que señala que los recursos contencioso-administrativos, las solicitudes de medidas cautelares urgentes y las denuncias ante la Fiscalía y el Defensor del Pueblo Andaluz "ya están siendo preparados" pero "aún hay tiempo de evitarlos".