Peritos discrepan sobre si el el gabinete jurídico de la Junta debió informar de convenios de los ERE

Inicio de la prueba pericial en el juicio de los ERE
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Actualizado 17/09/2018 17:28:28 CET

Los comparecientes propuestos por las defensas coinciden en señalar que el legislador marca la finalidad de las transferencias de financiación

SEVILLA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El juicio que celebra la Audiencia de Sevilla contra 22 ex altos cargos del Gobierno andaluz por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas sociolaborales a trabajadores y a empresas en crisis en los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos ha vivido este lunes, durante la sesión número cien, un intenso debate sobre la obligatoriedad o no del Gabinete Jurídico de la Junta de haber informado el convenio marco de 2001 entre la Consejería de Empleo y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) y sobre los convenios específicos para desarrollar la concesión de las subvenciones.

En concreto, sobre el convenio marco de 2001 por el que la Dirección General de Trabajo allegaría fondos del programa presupuestario 31L a IFA, posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), para que este ente público materializara el pago de las ayudas concedidas por la Dirección General, y sobre los convenios particulares o específicos, el perito de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) Ángel Turrión ha manifestado que el Gabinete Jurídico tiene la "obligación" de informar de "todos y cada uno" de los convenios con empresas públicas.

Por tanto, tanto el convenio marco como los particulares "debieron estar informados" por el Gabinete Jurídico. No recuerda haber visto informes a este respecto en toda la documentación analizada, ni tampoco del departamento jurídico de IFA/IDEA, aunque de haberlo habido "no sustituyen" a los informes del Gabinete Jurídico.

Por su parte, el perito José Ignacio López, propuesto por el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, ha señalado que el convenio marco y los convenios particulares, herramientas para encomendar una gestión, no son convenios administrativos, que son los sobre los que es obligatorio informar, según el reglamento regulador del Gabinete Jurídico. "No tiene sentido emitir informes preceptivos sobre el convenio marco y los específicos", ha afirmado.

En esta línea se ha pronunciado Juan Antonio Carrillo, perito de parte propuesto por la defensa de la exviceconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo. Según el decreto de organización del Gabinete Jurídico, "nunca hay que informar sobre este tipo de convenios, que sólo significan pagar".

"DIRÍJASE CON RESPETO AL FISCAL"

Tras esta intervención y al querer aclarar una respuesta suya anterior, Carrillo ha expresado que "el señor fiscal me obliga a mirar mis informes" por lo que le ha reprochado al representante del Ministerio Público que le pregunte "con toda la verdad". En este momento, el presidente del tribunal, el magistrado Juan Antonio Calle Peña, ha pedido al perito que se dirija al fiscal con respeto.

Carrillo ha pedido disculpas a la Sala pero ha realizado "un ruego" al tribunal: "Cuando se nos haga una pregunta se nos diga toda lo que dice nuestros informes". El fiscal, posteriormente, ha recordado a Carrillo que la labor del Ministerio Público "no es la de sustituir la de las defensas en relación con la documentación aportada a los peritos".

Sobre este asunto, Carrillo ha indicado que el carácter preceptivo de un informe lo marca la normal. "Es por ley, no opcional", ha añadido, precisando que es el órgano que solicita el informe, en el marco de aplicación de la norma sectorial, quien decide si lo solicita o no.

Para López el carácter preceptivo de un informe también se recoge en la norma de competencia que viene reflejado en el decreto regulador del Gabinete Jurídico de la Junta.

OTRA VUELTA MÁS A LAS TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN

Después del receso de media mañana de la sesión de este lunes, el interrogatorio del Ministerio Fiscal ha cambiado de bloque, comenzando a abordar las herramientas de presupuestación de los entes públicos como IFA/IDEA.

Para Turrión, el régimen de financiación de IFA/IDEA engloba los ingresos por su propia actividad, los intereses generados por su patrimonio y las transferencias de financiación que puedan venir de la consejería de adscripción para "cubrir pérdidas". No obstante, ha indicado que cualquier consejería puede enviar fondos a un ente público en función de un encargo de actividad.

En este punto, el jefe del equipo de peritos de la IGAE ha insistido, como ya hiciera la pasada semana, en que las transferencias de financiación están definidas como las partidas que "exclusivamente" están destinadas a "cubrir pérdidas, debiéndose reintegrar el importe sobrante no usado a tal fin".

Sobre las transferencias finalistas, ha afirmado que éstas "habrán de atenerse a la naturaleza de los fondos", asegurando que es "imposible" una transferencia de financiación finalista.

"Según toda la normativa andaluza, es lo mismo hablar que las transferencias de financiación son para fines genéricos, gastos de explotación o para cubrir pérdidas, como se dicen en 42 normas o más".

En este punto, Juan Zornoza, perito propuesto por la defensa del ex director general de Presupuestos Antonio Lozano y el expresidente de la Junta José Antonio Griñán, ha explicado que la Ley de Presupuestos anual "deroga cualquier ley anterior y normas de rango inferior que defina las transferencias de financiación sólo para cubrir pérdidas".

"En IFA/IDEA había transferencias de financiación de otras consejerías, que no se destinaban a cubrir pérdidas", ha añadido, reiterando que los presupuestos son los que "marcan el destino de los créditos". "Una ley específica deroga a una general y una ley posterior a una anterior", ha precisado en relación a la Ley de Presupuestos.

Para Zornoza, "es el legislador, en la Ley de Presupuestos, quien decide el destino de los fondos", asegurando que "no hay precepto constitucional que determine que las transferencias de financiación no puedan usarse para una determinada cosa".

El perito propuesto por la exconsejera de Hacienda Magdalena Álvarez, Juan Ramallo, de su lado, ha manifestado que "además de las 42 normas que digan lo que diga, es el Presupuesto el que dice cuáles son las finalidades de las transferencias".

En este sentido, ha expresado que "confía en que este debate quede zanjado para el futuro".

Aunque este martes, cuando hay sesiones de mañana y tarde, continuará abordándose este asunto, el catedrático Carrillo Donaire ha aclarado que lo que existe es norma que dice que "cuando se trate de equilibrar pérdidas y ganancias se usen transferencias de financiación", que se pueden usar para "muchas cosas más".

Por último ha planteado "cómo es posible que la Consejería de Empleo presupueste transferencia de financiación para equilibrar pérdidas y ganancias cuando IFA/IDEA ya no pertenecía a partir de 2004 a Empleo y sí a la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa".