Inspectores de Educación alertan del "pánico legal y la vulnerabilidad jurídica" de los centros tras el caso Sandra Peña

SEVILLA 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Unión Sindical de Inspectores de Educación Andalucía (USIE) ha llamado la atención en plena polémica por el caso de Sandra Peña sobre la "desbordante y preocupante avalancha de actuaciones incidentales que saturan las agendas de la Inspección, obligando al cuerpo a desplegar un constante asesoramiento exprés de alta complejidad". En un comunicado, el sindicato ha alertado de la "asfixia burocrática", por lo que ha expresado la necesidad "urgente" de "redefinir las prioridades del sistema".

En una jornada celebrada en Málaga, se ha analizado el auto judicial que ha decretado el sobreseimiento de la causa por homicidio imprudente contra los profesionales del centro escolar sevillano, "uno de los sucesos que mayor impacto y honda indignación ha generado en la opinión pública andaluza". Por ello, el sindicato concluye que, "con este riguroso análisis normativo (realizado por el magistrado Fernando Portillo), las jornadas han arrojado luz para desmitificar el pánico legal y vulnerabilidad jurídica que atenaza la gestión diaria de las escuelas ante desenlaces fortuitos o multicausales".

"La inercia de volcar de forma sistemática cualquier crisis judicial sanitaria o social en las escuelas está desvirtuando por completo la verdadera esencia de la educación, que no es otra que formar íntegramente al alumnado para la mejora de la sociedad", recoge el comunicado emitido por la central sindical. "El debate técnico ha dejado claro que un defecto de forma o un retraso cronológico en la cumplimentación de los anexos burocráticos de la plataforma digital Séneca constituyen, de manera inequívoca, una irregularidad de carácter puramente administrativo, pero en ningún caso puede derivar de forma automática en una responsabilidad penal".

"Para que prospere la vía criminal en estos supuestos --continúa la nota de USIE-- se requiere la concurrencia de cuatro requisitos cumulativos y, en este caso, se constató que elementos nucleares como la posición fáctica de garante no se pudieron dar al haber concurrido el trágico desenlace fuera del horario y del recinto escolar". USIE apunta a "casuísticas reales y extremas" que "cruzan a diario" los despachos de la Inspección, desde presiones externas de bufetes de abogados que "exigen historiales de puntualidad de menores como armas arrojadizas en procesos de divorcio" hasta el "conflicto derivado del veto unilateral de actividades complementarias por progenitores no custodios, el acceso a datos sensibles de salud mental de alumnos vulnerables o las paradojas de plataformas informáticas que confunden la guarda y custodia con los derechos inalienables de la patria potestad".