Sumar pregunta al Gobierno por la "inseguridad que enfrentan" las familias de las 91 VPO subastadas de Écija (Sevilla)

SEVILLA 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La diputada por Sevilla del grupo Sumar en el Congreso, Engracia Rivera, ha registrado una serie de preguntas dirigidas al Gobierno, para que las responda por escrito, al hilo de la "inseguridad jurídica y social que enfrentan las familias afectadas" por el caso de las 91 viviendas sociales ubicadas en la barriada de La Alcarrachela, en Écija (Sevilla), que en el año 2020 fueron "adjudicadas en subasta pública" a una sociedad privada.

En concreto, esta iniciativa, consultada por Europa Press y firmada por la diputada Engracia Rivera con fecha del pasado 18 de marzo, relata que dichas viviendas "fueron promovidas inicialmente" como de "alquiler social por la empresa municipal Sedesa y destinadas a familias con bajos ingresos desde el año 2000".

Sin embargo, "tras la quiebra de la sociedad pública y la liquidación de sus activos, las viviendas fueron adjudicadas en subasta pública en 2020" a una sociedad privada que "pagó por el conjunto aproximadamente 12.637 euros por vivienda", según continúa relatando la diputada de Sumar en su iniciativa parlamentaria.

Engracia Rivera explica que, "durante los últimos años, los contratos de alquiler social de las 91 familias han ido expirando y la empresa propietaria les ofrece ahora la compra de sus viviendas por un precio muy superior --entre 40.000 y 45.000 euros--, cantidad inasumible para la mayoría de los residentes, muchos de ellos en situación de vulnerabilidad económica".

"Según diversas informaciones públicas, la citada empresa no habría cumplido con sus obligaciones fiscales ante la Hacienda pública y ante la propia administración local, lo que se ha traducido en impagos tributarios que han repercutido directamente en la gestión del alquiler y en las relaciones con los vecinos", advierte la diputada de Sumar.

Desde el grupo en el que se integra Izquierda Unida (IU) en el Congreso destacan también, antes de plantear sus preguntas al Gobierno, que "los afectados han promovido procedimientos judiciales contra la venta y han solicitado la intervención de las administraciones, tanto local como autonómica, para recuperar el carácter social de la vivienda protegida que han tenido asignadas durante más de dos décadas".

En este punto, la diputada de Sumar pregunta al Gobierno --del que dicha coalición forma parte como socio del PSOE-- si "tiene conocimiento" de "la situación en torno a la titularidad y gestión de las 91 viviendas sociales de La Alcarrachela en Écija, adquiridas por una sociedad privada tras la liquidación de la empresa municipal promotora".

Además, y "en caso de confirmarse la existencia de deudas tributarias por parte de la empresa propietaria de estas viviendas", la diputada pregunta "qué medidas contempla el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, en colaboración con la Agencia Estatal de Administración Tributaria y otras autoridades competentes, para garantizar el mantenimiento del uso social de estas viviendas o facilitar su incorporación a un parque público de vivienda asequible".

Y, por último, la diputada de Sumar pregunta "qué mecanismos de colaboración está dispuesto a activar el Gobierno con la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Écija para abordar la inseguridad jurídica y social que enfrentan las familias afectadas, con el objetivo de proteger el derecho constitucional a una vivienda digna".