CÁDIZ, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -
El diputado del PSOE en Congreso y expresidente de la Diputación gaditana, Francisco González Cabaña, ha reiterado este lunes que está "convencido" de que habrá "desimputaciones" en el 'caso Bahía Competitiva', que investiga el Juzgado de Instrucción número 4 de Cádiz.
A preguntas de los periodistas, González Cabaña ha explicado que, por lo que sabe del caso, están pendientes de resolver los recursos de imputación presentados por algunos de los imputados, como es el caso del exgerente del Plan Bahía Competitiva, Antonio Perales, o la exdiputada provincial del PSOE y antigua vicepresidenta del Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico y Socioeconómico de la Diputación (IEDT), María José Valencia.
También ha presentado un recurso contra su imputación la exdelegada territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta en Cádiz y actual directora general de Economía Social de la Junta, Angelines Ortiz.
Apunta que el recurso de Perales, pendiente de la segunda resolución del juzgado instructor, está más avanzado que los de Valencia y Ortiz. Asimismo, existen otros recursos de imputación en manos ya de la Audiencia Provincial de Cádiz para su resolución.
Por otro lado, en cuanto a la citación como testigo del exconsejero de Innovación, Ciencia y Empresa Francisco Vallejo el próximo día 31, aclara que ha sido a petición del fiscal y entiende que su declaración tiene "la misma lógica" que la suya --declaró como testigo el pasado mes de mayo--, ya que ambos eran "firmantes del convenio, pero nada más".
En este sentido, el socialista se ha mostrado "totalmente convencido de que Vallejo, igual que yo, no intervino nunca en nada" que tuviera que ver con las irregularidades que se investigan.
Cabe recordar que el caso 'Bahía Competitiva' investiga el presunto fraude millonario cometido con las ayudas a la reindustrialización de la Bahía de Cádiz a través del plan que ha dado nombre al procedimiento y que un total de 31 personas han sido detenidas en distinta fases de la investigación.
Se trata de una supuesta trama en la que, según resumía la Policía al darla por desarticulada, medio centenar de empresas solicitaban ayudas, responsables y funcionarios de la Diputación gaditana y del Ministerio de Industria presuntamente facilitaban la concesión, y expertos desviaban los fondos a paraísos fiscales para defraudar a la Hacienda Pública.
