SEVILLA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -
Miembros del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) que ocuparon el pasado 4 de marzo la finca Sotomonte, perteneciente a la Junta de Andalucía situada entre Palma del Río (Córdoba) y La Campana (Sevilla) para evitar su venta a "grandes terratenientes y propietarios privados", han decidido permanecer en la misma a pesar de que han sido advertidos de su "inminente" desalojo.
En una nota, el SAT ha explicado que este lunes agentes uniformados de la Guardia Civil se han personado en la finca para avisar del "inminente" desalojo de la misma en cumplimiento de la orden emitida por el Juzgado, si bien, los jornales han decidido en asamblea quedarse y llaman a la solidaridad con la ocupación.
La finca fue ocupada el pasado 4 de marzo por unos 500 jornaleros en paro de los alrededores. Desde ese momento se han realizado obras de mejora como la creación de un huerto, recuperación y labranza de una hectárea de terreno para la siembra de pimientos, la plantación de olivos, el arreglo y mejora de las instalaciones de riego, la creación de un gallinero, según señala el SAT.
La finca de 359 hectáreas en secano y 41 en regadío "no estaba dando empleo alguno", más que a un cuidador, y se encontraba en proceso de venta en subasta por parte de la Junta de Andalucía. Dicha venta, según indica, hubiera significado que sus compradores, "banqueros, terratenientes o especuladores, pasaran a beneficiarse de subvenciones europeas, ayudas públicas y en su caso ganancias obtenidas por una explotación agrícola extensiva e industrializada (para biodisel, transgénicos, etc.) sin generar prácticamente ningún puesto de trabajo".
Al mismo tiempo 1.700 habitantes de Palma del Río y más de 4.000 en la comarca, en su mayoría jornaleros sin tierra, están sufriendo "el desempleo, los recortes sociales y los desahucios de sus viviendas, soportando situaciones indignas de pobreza y desesperanza", subraya el SAT.
Miembros de este sindicato se reunieron con la Consejería de Agricultura para intentar una vía de negociación que evitara la venta de esta finca pública y la cesión del uso y explotación de la misma por cooperativas de jornaleros y jornaleras, "un modelo exitoso que está garantizando el pleno empleo en localidades como Marinaleda (Sevilla)".
Si bien, el SAT ha lamentado que la Junta de Andalucía haya optado por la vía de la "represión" en vez de explorar "un camino de dialogo que hubiera llevado a resolver el problema del desempleo en una de las comarcas más castigadas por este drama".
