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BURGUILLO (SEVILLA), 15 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Burgillos (Sevilla) ha solicitado para el exalcalde socialista del municipio José Juan López un total de 32 años de prisión, 93 años y seis meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público, y 33 años de inhabilitación absoluta, a cuenta de presuntos delitos de prevaricación, prevaricación continuada y malversación de caudales públicos.
Según el auto de acusación del Ayuntamiento, al que ha tenido acceso Europa Press, también piden para el arquitecto Federico A. García Cotlán, por la comisión de posibles delitos de malversación de caudales públicos y contra la ordenación del territorio en la creación de la urbanización Señorío de Burguillos, seis años y tres meses de prisión así como 34 años de inhabilitación especial para empleo y cargo público por delitos continuados de prevaricación urbanística.
Según señala el Consistorio, ambas peticiones son como consecuencia de la firma irregular de convenios que llevaron consigo la venta ilegal de terrenos, la venta ilegal de aprovechamiento de urbanístico del Cuarto de la Huerta y la concesión de ilegal de licencia para 498 viviendas y 77 naves industriales así como el uso indebido de dinero público para fines indebidos.
De la misma manera, reclama a José Juan López un total de 4.796.968,01 euros ante el Ayuntamiento de Burguillos por responsabilidad civil y a Federico A. García Rotllán un total de 3.175.451,39 euros, de manera solidaria con José Juan, ante el Ayuntamiento de Burguillos. En cuanto a las fianzas, para José Juan López sería de 6.395.957,35 euros y de 4.233.935,19 para el arquitecto.
Así, el Consistorio considera que quebrantó, "a sabiendas, de manera consciente y deliberada, la ley, las normas y procedimientos establecidos, concedió licencias para obras de urbanizaciones" y recepcionó las urbanizaciones "de tres sectores sin estar finalizadas las obras de urbanización conforme a las licencias otorgadas" y posteriormente "procedió a otorgar licencias de ocupación en los tres sectores recepcionados ilegalmente".
En todo caso, "las licencias fueron concedidas en contra de los informes jurídicos del Secretariado del Ayuntamiento y del arquitecto técnico municipal (...), hasta tal punto que contrató a otro arquitecto externo, el también acusado Federico A. García Rotllán", para que "emitiera informes técnicos favorables".
Todo ello, según el auto, "con el fin torcitero de aparentar jurídicamente la legalidad de la urbanización y el uso habitacional de los inmuebles edificados en los tres sectores". Además, esta concesión de licencias ha supuesto "un enorme perjuicio para el Ayuntamiento y, sobretodo, para los adquirientes de las viviendas".
Por su parte, cabe recordar que la Fiscalía solicita cinco años de cárcel, 18 de inhabilitación y más de 667.000 euros en concepto de responsabilidad civil, para el exalcalde socialista de Burgillos. Todo deriva de la concesión de autorizaciones y licencias de primera ocupación para diversas urbanizaciones, pese a que las mismas carecían de conexión con el abastecimiento energético y mediaban informes técnicos y jurídicos contrarios a la entrega de tales licencias.
Para Federico A. García Cotlán, la Fiscalía pide un año y seis meses de cárcel y ocho años de inhabilitación para ejercer empleo o cargo público, por un presunto delito continuado de prevaricación. José Juan López, por cierto, está ya condenado por un delito de prevaricación urbanística, como recuerda la Fiscalía.
El pasado mes de mayo de 2013, recordémoslo, el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla transformó en procedimiento abreviado las diligencias incoadas contra el exalcalde socialista de Burguillos José Juan López y el arquitecto Federico A. García Cotlán, a cuenta de la comisión de posibles delitos de malversación de caudales públicos y contra la ordenación del territorio en la creación de la urbanización Señorío de Burguillos.
En su auto de procesamiento, el juzgado daba cuenta de la resolución de Alcaldía emitida en junio de 2004 por José Juan López para autorizar una licencia de urbanización para el plan parcial Norte Residencial-2, "pese a que en tal fecha no estaba aprobado el proyecto de reparcelación ni el proyecto de urbanización". Con las obras de urbanización aún inconclusas, entre 2007 y 2009 el entonces alcalde socialista otorgó "licencias de ocupación de viviendas" en este desarrollo urbanístico, todo ello "en contra" de los informes emitidos por el arquitecto municipal y el secretario general del Ayuntamiento.
