SANTANDER, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -
UPyD ha registrado esta semana en el Congreso de los Diputados una batería de 19 preguntas al Gobierno sobre la actuación del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) en el desarrollo de la senda litoral entre el Faro de Cabo Mayor y la Virgen del Mar.
En un comunicado, UPyD Cantabria ha señalado que, al igual que "buena parte" de la sociedad santanderina y cántabra, ha mostrado su "indignación y profunda preocupación" por el proyecto y las obras iniciadas por la Administración en la senda costera entre el Faro de Cabo Mayor y la Virgen del Mar.
"Las lagunas informativas sobre esta lamentable actuación en la costa norte de Santander, cuya gestación se remonta a 2004, son enormes", según Román San Emeterio-Pedraja, candidato de UPyD a la Presidencia de Cantabria.
Por ello, y dado que las obras las licita el Ministerio de Medio Ambiente, se presentó el caso al diputado de UPyD en las Cortes, Carlos Martínez Gorriarán, quien ha registrado una batería de 19 preguntas al Gobierno para arrojar luz sobre este proceso, sobre su diseño y responsables, sobre la licitación y sobre la implicación del Ayuntamiento de Santander.
En este sentido, para UPyD, la intervención del Consistorio y su alcalde, Íñigo de la Serna, en este proceso tienen que ser también aclarados porque la postura del Ayuntamiento en todo el proceso "deja perplejo a cualquiera: por un lado llevaba meses el alcalde pregonando la realización de la senda y por otro, ahora que la senda resulta ser un desastre medioambiental, pone cara de sorpresa subiéndose a la ola de la indignación colectiva, como si no fuera con él la cosa", ha declarado Íñigo Velasco, candidato de UPyD a la Alcaldía de Santander.
"Tan obviamente dañinas son las obras que, ante las protestas, el propio Ministerio las ha paralizado, comprometiéndose a revisar el proyecto, a modificarlo y a reparar los daños -aunque algunos de ellos son tristemente irreparables", ha añadido Velasco.
UPyD desea aclarar lo ocurrido y exigir responsabilidades pues considera que no es aceptable que la Administración" destruya con sus actos las razones que otro lado las motivan".
El Gobierno de España dispone ahora de un plazo de cuatro semanas para contestar a las preguntas realizadas por UPyD.
