MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -
Los afectados por Fórum Filatélico y Afinsa han mostrado su indignación con el vicepresidente de la Comisión Europea (CE) y comisario de Competencia, Joaquín Almunia, por afirmar que su situación "no tiene nada que ver" con la de los perjudicados por las participaciones preferentes, para los que pidió una solución con cargo a los presupuestos generales del Estado.
El portavoz de la Asociación Perjudicados Fórum Madrid, José Javier López de Castro, en declaraciones a Europa Press, se preguntó "quién es el señor Almunia para hacer diferencias entre los ciudadanos españoles" y "por qué se permite decir que hay que salvar a unos y no a otros".
Además, López de Castro señaló que "no es culpa de los ciudadanos" que las entidades financieras estén reguladas y las empresas filatélicas "no lo estuvieran", y afirmó que la responsabilidad de controlar y regular las presuntas estafas "es de los poderes públicos".
"Si los ahorradores supieran qué hacer siempre por sí mismos no haría falta protección del Estado, pero no se puede hacer diferencias entre lo que está regulado o no", añadió López de Castro.
El vicepresidente de la CE justificó su propuesta de dedicar una partida de los presupuestos a compensar a los inversores en preferentes y no hacer lo mismo con los afectados de Fórum y Afinsa, porque las empresas filatélicas no estaba reguladas y bajo la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Por otro lado, López de Castro recordó a Almunia que esta diferenciación entre afectados del sector financiero y de las empresas filatélicas "ya está en la mesa de la CE", porque la asociación puso en conocimiento de la CE la demanda presentada contra el Estado español.
Esta demanda se remitió al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, que será el encargado de resolver esta demanda que reclama el derecho de los perjudicados a recurrir la sentencia de la Audiencia Nacional, que negó la responsabilidad patrimonial del Estado por la falta de control de las filatélicas. Los perjudicados con menos de 150.000 euros no puede recurrir en casación ante el Supremo.
