Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 18/02/2010 17:54
El abogado y uno de los padres de la Constitución, Miquel Roca, ha mostrado su disconformidad con la Ley Ómnibus, que calificó de "parcialmente inconstitucional", en alusión a la incidencia específica que tendrá en los colegios profesionales y en las condiciones de los visados.
En una conferencia organizada ayer por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Cataluña junto al Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Barcelona, Roca constató que mientras no se modifique la Constitución, "los colegios profesionales se deben mantener", y recordó que la ley surge de un "planteamiento injustificado" ya que no existe ninguna legislación comunitaria que imponga la supresión de colegiarse.
Esta ley pretende que el visado --instrumento por medio del cual el colegio da el visto bueno al trabajo de ingenieros y arquitectos-- deje de ser un requisito obligatorio. En este sentido Roca afirmó que el visado "forma parte del ejercicio de las profesiones tituladas". "No es caprichoso. No hay una sola disposición de la directiva de Servicios que lo prohíba o lo recomiende", añadió.
Además, la nueva ley elimina la prerrogativa de los colegios a fijar "por baremo orientativo" el precio de los trabajos de sus colegiados. Se obliga a que las cuotas de inscripción respondan "exclusivamente" a los gastos de gestión y tramitación de la misma.
Se prevé la publicación anual de un memorial para "reforzar" la transparencia de los colegios. Y se eliminan las "restricciones impuestas" por los mismos "al ejercicio de dos o más profesiones".
La Ley Ómnibus --que modifica 47 leyes estatales en diversos ámbitos sectoriales-- fue aprobada por el Consejo de Ministros con la intención de crear entre 150.000 y 200.000 puestos de trabajo. En el momento de su aprobación la vicepresidenta del Gobierno, Elena Salgado, subrayó que pretende "simplificar al máximo los trámites burocráticos" y tiene la idea de abolir la "autorización para todo".
Salgado explicó que la ley provocará "un aumento estimado de un 1,2% en el PIB", mientras que los colegios recuerdan que ellos "agrupan más de un millón de profesionales en todo el Estado, lo que supone el 8,8% del PIB" Español.