MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -
Los notarios y otros expertos han reclamado una mayor regulación de los préstamos extrabancarios y particulares ante el incremento de las denuncias de ciudadanos que aseguran haber sido víctimas de fraudes en este tipo de financiaciones.
Durante una mesa redonda convocada Consejo General del Notariado (CGN) y el Colegio Notarial de Madrid, el presidente del CGN, José Manuel García Collantes, ha puntualizado que aunque éstos préstamos concedidos por entidades o prestamistas ajenos al circuito bancario son lícitos, "en los últimos años se han producido operaciones con cláusulas excesivas, complejas, con intereses altos... que se agravan por la situación de extrema necesidad de las personas que los solicitan".
Por su parte, el abogado especialista en delitos económicos Carlos Galán ha denunciado el incumplimiento de algunos prestamistas particulares de la normativa vigente sobre créditos.
"Aunque son actividades lícitas, incluso necesarias. El crédito extrabancario si está bien regulado funciona correctamente en otros países: el 25 por ciento de los créditos comunitarios procede de fuera del sistema bancario", ha dicho.
En España, las primeras voces demandando una regulación de este tipo de operaciones vinieron de parte del Defensor del Pueblo Enrique Múgica en 2006, quien alertaba sobre malas prácticas en la reunificación de deudas. Tres años después, el Gobierno planteó la Ley 2/2009 para regular los préstamos hipotecarios no bancarios y la reunificación de deudas, donde se introduce cierto control, explicó el letrado.
No obstante, en su opinión, no ha habido una evaluación de la norma que, seis años después, resulta "deficiente e incumplida".
El capitán de la Unidad de Delincuencia Económica de la Guardia Civil, Carlos Gallego expuso las líneas maestras de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en el combate y persecución de los delitos económicos y apuntó que este tipo de delincuencia ha evolucionado en los últimos años por la libertad de movimientos de capital y de personas entre países y la escasa alarma social y reprensión en relación con otros delitos.
Gallego destacó la labor de instituciones nacionales --como el SEPBLAC, la Agencia Tributaria, el Consejo General del Notariad-- e internacionales, como la Interpol o Europol, que son fundamentales para detectar los incrementos de patrimonio ilícitos de los sospechosos dentro y fuera de España.
