MADRID, 9 Ago. (EDIZIONES) -
Los pueblos indígenas de Honduras representan el seis por ciento de la población total y, a pesar de su escaso peso demográfico, tienen incluso un ministerio dedicado a sus asuntos. La realidad, sin embargo, es que deben luchar día a día contra la exclusión social en un contexto de "abismales diferencias" y amenazas que pueden costarles la vida.
Paulina Bejarano, Directora de la Asociación para el Desarrollo de Honduras (ADROH), explica que "uno de los principales retos de las comunidades indígenas en Honduras, y que tiene que ver con su propia existencia, es la lucha por el respeto a sus derechos fundamentales".
El principal campo de batalla es "el derecho a sus tierras ancestrales, a la inviolabilidad de sus territorios por políticas y proyectos extractivos que se promueven desde el Estado en beneficio del capital extranjero".
"El Convenio 169, que obliga a la consulta previa, está siendo irrespetado por el actual Gobierno", lo que ha generado aún más "inestabilidad social" porque "las poblaciones son obligadas a retirarse de sus territorios y se les niega el accesos a sus recursos naturales".
Bejarano ha señalado los conflictos en las localidades de Barra Vieja, habitada por los indígenas garífuna, y Río Blanco, por los lenca, como "ejemplos de la lucha por los territorios de las comunidades originarias que han dado lugar a violaciones de los Derechos Humanos".
El caso más conocido es el de la activista ambiental Bertha Cáceres, que fue asesinada el pasado 3 de marzo por unos pistoleros que la sorprendieron en su casa. Cáceres había obtenido el Premio Goldman, conocido como el 'Nobel Verde', por paralizar la construcción de una presa que amenazaba con desplazar a cientos de indígenas lenca.
"El proyecto de Agua Zarca estaba siendo financiado por capital nacional y extranjero (Banco Mundial, Países Bajos, Alemania), de ahí que la lucha para detenerlo tuviera un gran impacto económico y político, y esa situación le costó la vida a Bertha", afirma Bejarano.
"CLIMA DE IMPUNIDAD"
Lejos de apaciguar los ánimos, el asesinato de Cáceres "ha fortalecido el clima de impunidad" porque, a pesar de que el Gobierno de Juan Orlando Hernández ha creado un equipo especial para investigar el caso, "aún no hay castigo para los culpables".
La líder de ADROH subraya, en una entrevista concedida a Europa Press, que antes de este asesinato ya había "todo un procedimiento de persecución penal y criminalización de los activistas, defensores del medio ambiente y de los Derechos Humanos, en Honduras".
"Hay una guerra psicológica interna porque se puede sufrir un caso como el de la compañera Bertha", confiesa, explicando que ADROH defiende territorios en los que existen concesiones mineras y para la construcción de presas y peajes.
El pasado 7 de julio, Lesbia Urquía, que pertenecía al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), la ONG de Cáceres, fue asesinada. Estaba luchando contra la construcción de una hidroeléctrica propiedad del marido de la presidenta del Congreso y del partido gobernante, Gladys Aurora López.
Al menos 109 activistas ecologistas fueron asesinados en Honduras entre 2010 y 2015, lo que convierte al país centroamericano en el más peligroso del mundo para el activismo ecológico, según datos de organizaciones para la defensa de los Derechos Humanos.
UNA PROTECCIÓN FICTICIA
Para Bejarano, los peligros que acechan a los nativos hondureños obedecen a la falta de voluntad política de un Gobierno que, sin embargo, ofrece al mundo una imagen de cercanía a los pueblos indígenas por la creación de instituciones netamente testimoniales.
"Existe un Ministerio de las Etnias, pero su aporte no es significativo" porque "no cumple la obligación de preservar y defender" a las comunidades originarias. "El Estado de Derecho en Honduras funciona para garantizar los intereses de los grupos de poder, no para la población hondureña", lamenta.
Así, "no existen políticas que realmente impulsen el desarrollo económico y social de las comunidades indígenas". "Se utilizan proyectos asistenciales --como 'Una Vida Mejor' o 'Bono 10.000'-- que crean dependencia", en lugar de "combatir las causas estructurales de la pobreza".
DERECHO AL "BIEN VIVIR"
La exclusión social se perfila de este modo como "el más grande desafío que las comunidades indígenas tienen en un contexto de abismales diferencias", si bien se suman otros retos como "el rescate y mantenimiento de la cultura indígena".
ADROH, socia local de Manos Unidas en Honduras, trabaja sobre el terreno con diversos programas que van desde el apoyo a las iniciativas locales, "para evitar la emigración del campo a la ciudad", hasta la gestión de recursos, "vital de cara al futuro".
Todo ello con un enfoque de género. La política de la ONG "exige formalmente el 50 por ciento de participación de mujeres con capacidad de opinión en los debates internos y externos". "Tenemos una red de mujeres representantes (...) son un total de 77 compañeras incorporadas", destaca Bejarano.
El objetivo es lograr "un país de verdad libre, soberano e independiente, con políticas y estrategias a favor de las mayorías" en el que al mismo tiempo "haya representación de los pueblos indígenas en las estructuras de Gobierno".
"Soñamos con comunidades desarrolladas, con acceso a la tierra, a la salud pública de calidad, seguridad alimentaria (...) En una palabra, soñamos con acceder al buen vivir. Tenemos derecho a ello", proclama Bejarano.
