NUEVA YORK, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de El Cairo expresó el pasado mes de febrero su disconformidad con el número, tono y el contenido de las recomendaciones y críticas realizadas por Estados Unidos a la situación de los derechos y libertades, particularmente religiosas, en Egipto, tras el negativo informe anual dado a conocer por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, según los cables diplomáticos divulgados esta semana por Wikileaks.
De entre el "excesivo" número de recomendaciones emitidas por Washington, los responsables del Ministerio de Asuntos Exteriores egipcio aseguraron que habían aceptado la petición de Washington para sustituir la longeva Ley de Emergencia que lleva en vigor de manera prácticamente ininterrumpida desde 1967, y poner en su lugar una ley antiterrorista por la que se garantizarían las libertades civiles y precisaría una definición legal de tortura acorde con la correspondiente Convención de Naciones Unidas sobre este tema.
No obstante, ONG egipcias aseguran que este compromiso es "sustancialmente débil", y estiman que no es en modo alguno vinculante. Las fuentes humanitarias consultadas por la Embajada estadounidense en El Cairo lamentan, además, el escaso interés demostrado por Washington a la hora de corregir otro tipo de deficiencias democráticas, como la estricta legislación que impide a muchos posibles candidatos comparecer a las elecciones en el país.
EGIPCIOS SOSPECHOSOS
El asesor presidencial Soliman Awad fue el encargado de trasladar a los diplomáticos estadounidenses las quejas formuladas por el Gobierno egipcio sobre el "excesivo número de recomendaciones" formuladas por EEUU y en particular las referidas al ámbito de la religión.
En este sentido, El Cairo pide a Estados Unidos que centre sus peticiones "en los principios de libertad religiosa, y no acuse a las autoridades de proselitismo o de conversión forzada" para no presentar a los egipcios como "sospechosos", especialmente "tras la reciente cooperación demostrada con el Consejo de Derechos Humanos de la ONU".
El subdirector del departamento para los DDHH del Ministerio de Asuntos Exteriores, Omar Shalaby, lamenta particularmente que "el número de recomendaciones emitidas por Estados Unidos es, en sí mismo, un problema".
Las ONG, por su parte, entienden que el Ministerio de Exteriores "no está abordando el problema con seriedad", en opinión del director del instituto de Estudios para Derechos Humanos de la universidad de El Cairo, Moataz el Feiger, para quien el comportamiento del Gobierno denota "una negación de la realidad" y demuestra una clara falta de voluntad política.
