SANTA CRUZ DE TENERIFE, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -
El abogado tinerfeño Felipe Campos ha denunciado este martes que el periodista del rotativo 'El Día' ha recibido amenazas de muerte por informar sobre el presunto caso de corrupción urbanístico denominado 'Arona', hecho que calificó de "gravísimo" por lo que solicitó a la Comisión de Ordenación Territorial y de Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) que suspenda la tramitación del Plan General de Ordenación Urbano (PGOU) del municipio sureño.
Campos relató en rueda de prensa que el redactor Juan Antonio Medina --que no estaba hoy en la convocatoria-- había recibido "amenazas de muerte" el pasado 19 de diciembre "cuando se disponía a abandonar su puesto de trabajo". El letrado detalló que el hombre que profirió las amenazas tenía acento argentino y le dijo al periodista "que no siguiera escribiendo sobre el 'caso Arona' o le rajarían".
El abogado señaló que desde el minuto que se enteró de los hechos --en Nochebuena-- se puso en contacto con la Subdelegación del Gobierno en la provincia de Santa Cruz donde el subdelegado, Juan Antonio Batista, le mostró su preocupación por lo narrado y lo comunicó a la Guardia Civil y a la Policía Nacional. Campos también informó personalmente a la delegada del Gobierno, Carolina Darias, según dijo.
Para el letrado el origen de las amenazas está en la publicación de una información el pasado 28 de noviembre donde el periódico tinerfeño informaba sobre que el redactor del PGOE, Jorge Coderch, reconocía que el documento se había redactado de forma "irregular" ante las peticiones de los miembros del grupo de gobierno en el consistorio de Arona.
"Este es un hecho gravísimo", insistió el abogado que recordó que él mismo sufrió un intento de calcinar su despacho en Santa Cruz, aunque finalmente los delincuentes quemasen las oficinas de una abogada suya, la también diputada regional del PSOE, Gloria Gutiérrez.
En esta línea, Campos añadió que la denuncia por amenazas de muerte se ha añadido al expediente del 'caso Arona' al igual que la información publicada al entender que "el plan general es un delito en sí de prevaricación". "No es demagogia decir que la amenaza va contra todos los periodistas y contra libertad de expresión y es un atentado contra la democracia y el Estado de Derecho", indicó.
SUSPENSIÓN ANTE LA COTMAC
Campos también afirmó que no entiende a qué espera la Cotmac para "paralizar la aprobación" del planeamiento de Arona y denunció que lleva más de un mes a la espera de que lo reciba algún representante de la Consejería de Ordenación Territorial.
El abogado también recordó que el denominado 'caso Arona' investiga una presunta trama de corrupción por prevaricación por la concesión de licencias ilegales "con conocimiento de los concejales". También se investigan "adjudicaciones de contratos a dedo" y expuso que dos arquitectos municipales han estado en prisión preventiva y un guardia civil también está imputado.
Aquí adelantó Campos que cuenta con más información relativa al caso, pero que la hará pública a la mayor brevedad posible. Ésta tiene que ver con el redactor del plan y el alcalde, José Alberto González Reverón (CC). "Me parece éste es un tema que hay que denunciar y creo que es por seguridad práctico", apostilló.
"En Arona existe un entramado de intereses económicos muy poderoso que confluyen en el Plan General. Queremos que el mismo se vaya a la basura. La Cotmac no puede plantearse reconocerlo por sus irregularidades", detalló el abogado que aseguró que aunque no puede dar nombres se han concedido "cientos y cientos de licencias ilegales y se beneficia a unas personas concretas".
"LA PRÓXIMA VEZ TE RAJAMOS"
En su edición de este martes el periódico 'El Día' informa sobre lo sucedido el pasado 19 de diciembre. Así expone que la denuncia presentada ante la Guardia Civil del redactor relata como una persona le dice: "No te vuelvas. Deja de escribir de Arona. Esto es un aviso, la próxima vez te rajamos".
Además se informa de que "desde el verano de 2008 han sido varios los artículos elaborados por el citado redactor en los que se han hecho públicos algunos aspectos relativos al PGO que han sido objeto de denuncia ante el Juzgado de Instrucción Número 7 de Arona, encargado del caso mencionado, para su incorporación al mismo".
