Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 05/06/2010 12:09
Una treintena de organizaciones que llevan años reclamando una ley que garantice el acceso a la información pública han enviado una carta al Gobierno para pedir que publique el borrador de la futura 'ley de transparencia' y han lamentado la opacidad con que se está elaborando.
"Es increíble que España sea uno de los últimos países europeos en elaborar la ley y que ni siquiera haya disponible información básica", lamentó, en declaraciones a Europa Press, la directora de Proacceso, la coalición que agrupa estas entidades, Helen Darbishire.
A su juicio, la publicación del borrador antes de enviarlo al Congreso de los Diputados "sería la primera muestra de la transparencia que en principio esta ley exigirá tras su aprobación" y, además, la presión de la opinión pública podría ayudar a vencer "resistencias" de los ministerios o de otras administraciones públicas.
Para reclamar el borrador, la coalición ha escrito una carta a la directora general de Coordinación Jurídica del Ministerio de la Presidencia, María Ángeles Ahumada, para recordarle que hace cuatro meses que mantuvieron una reunión sobre la futura ley y que desde entonces no han tenido más información sobre su elaboración.
Fuentes del Ministerio consultadas por Europa Press aseguraron que la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, mantiene su intención de llevarla en breve al Consejo de Ministros, aunque este trámite aún no tiene fecha.
Otras fuentes insisten en que, antes de aprobarla, la Secretaría de Estado para la Función Pública tiene que evaluar la capacidad real de la Administración --incluidos comunidades autónomas y ayuntamientos-- para informar efectivamente de lo que pida el ciudadano.
Estas ONG reclaman que la ley debe servir para que cualquier pueda pedir información a la Administración sin tener que explicar para qué la quieren o qué uso le van a dar y tienen el derecho de recibir una respuesta en un plazo breve y en un formato claro y comprensible.
En su hasta ahora única reunión, las ONG lograron el compromiso del Gobierno de crear una autoridad independiente para velar por el derecho de los ciudadanos a acceder a la información, pero sin precisar aún si será un órgano totalmente autónomo o si se adscribirá al Defensor del Pueblo o a la Agencia de Protección de Datos, tal como sucede en distintos países europeos.
La creación de un organismo que vele por la transparencia es el último de los nueve principios que defiende la Coalición Pro Acceso y que, según sus representantes, el Gobierno quiere poner en práctica.
TRANSPARENCIA EN NUEVE PRINCIPIOS
El primero de ellos es que el derecho a la información es un derecho de todos, que se aplica a todas las entidades públicas, que realizar solicitudes debe ser sencillo, rápido y gratuito y que los funcionarios tienen la obligación de ayudar a los solicitantes.
El quinto principio es la "publicidad" de la información, de manera que "el secreto y la denegación de la información son la excepción". Así, las denegaciones de acceso "deben ser limitadas y estar debidamente motivadas" y toda persona tiene el derecho de recurrir las denegaciones de acceso o la no contestación a las solicitudes realizadas.
El octavo es que las entidades públicas deben publicar la información "básica y esencial" sin que sea necesario que algún ciudadano la pida.