La oposición reclama un sistema de becas que garantice la igualdad en el acceso y recuerda que algunos posgrados alcanzan los 28.000 euros
MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ha hecho uso de su mayoría absoluta para rechazar en la Comisión de Justicia la proposición no de ley presentada por la Izquierda Plural para pedir al Gobierno que los licenciados en Derecho pudieran colegiarse "libremente" para ejercer como abogados y procuradores sin necesidad de superar un periodo de prácticas y un examen final.
Los 'populares' han votado en contra de la iniciativa, que ha contado con la abstención de los socialistas y ha sido enmendada por CiU, al defender que el Gobierno ha propuesto una "solución justa y equilibrada" al eximir a los licenciados del máster para colegiarse pero sí obligarles a realizar la parte práctica del posgrado y la prueba de evaluación final.
En cualquier caso, los diputados del grupo que sustenta al Gobierno han recordado el "desatino" con el que el anterior Ejecutivo socialista elaboró la Ley de Acceso a las profesiones de Abogado y Procurador. Cuando el PP llegó al Gobierno, ha añadido, la norma ya estaba vigente, lo cual limitaba su margen para "enmendar el error y la injusticia creada por el Gobierno socialista".
"UNA SUERTE DE EXPERIMENTO"
En la defensa de su iniciativa, el diputado del grupo de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Gaspar Llamazares, ha advertido de la "discriminación absolutamente injustificada" que sufren los licenciados en Derecho al tener que superar el periodo de prácticas y el examen final que impone la Ley de acceso a la Abogacía y la Procura.
Llamazares se ha referido a la postura anunciada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, dirigida a excluir a los alumnos que se matricularon en la Licenciatura de Derecho de cursar el posgrado previsto en la Ley 34/2006 pero sí les obliga a superar la prueba final, para la que, a su juicio, "no se han preparado".
A su entender, la 'vacatio legis' de cinco años se ha demostrado "insuficiente" tenida cuenta que muchas Universidades aún no han solicitado preparar el curso de acceso y, otras tantas, han ofertado un escaso número de plazas. "La gravedad de este hecho no puede ser ignorada", ha remachado.
La coalición de izquierdas ha criticado también la ausencia de becas y ayudas, al tiempo que ha urgido a evitar que las próximas generaciones de alumnos estén "discriminadas" y "paguen las consecuencias" de una norma "desproporcionada", en la que los estudiantes "van a convertirse en una suerte de experimento".
ESPAÑA, "UN COLADERO" PARA LOS ABOGADOS
Desde CiU, Mercé Pigem ha presentado una enmienda a la proposición no de ley en la que insta al Gobierno a acometer un "desarrollo urgente" del texto que posibilite que los alumnos, matriculados después de 2006 y que ya han finalizado sus estudios, puedan acceder "sin dilaciones" al periodo de prácticas y al examen de acceso.
Los nacionalistas se han declarado a favor de la Ley de Acceso al hacer alusión a las acusaciones procedentes del extranjero que tachaban a España de ser "un coladero" para algunos letrados que "se colegiaban en el territorio nacional para "sortear por la puerta de atrás" los requisitos establecidos en otros países.
Con todo, el grupo ha pedido un sistema de becas y ayudas que garantice la igualdad en el acceso a la Abogacía al tener en cuenta el elevado coste de algunos posgrados, que llegan a alcanzar incluso los 28.000 euros. Un dinero, ha añadido, que "no es admisible para todos los bolsillos".
