Propietarios de Matalascañas (Huelva) destacan que la Junta "tumba" el decreto de puesta en marcha de la zona ORA

ALMONTE (HUELVA), 28 (EUROPA PRESS)

La Asociación de Propietarios de Matalascañas ha recibido comunicación oficial de la Delegación de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía en Huelva, firmada electrónicamente el 27 de mayo de 2026, "tumba" el decreto por el que el alcalde de Almonte (Huelva), Francisco Bella, ordenaba el inicio del servicio de la ORA.

Según ha indicado la asociación en una nota, esta comunicación de Justicia "acredita una serie de hechos de extraordinaria gravedad", ya que en respuesta a la denuncia presentada la Delegación Territorial "informa de que la Junta de Andalucía inició actuaciones de tutela de legalidad declarando expresamente que dicho decreto era ilegal por haber sido dictado por el alcalde en lugar de por el Pleno del Ayuntamiento".

"Dicho de forma clara, la Junta de Andalucía confirmó oficialmente lo que esta asociación venía denunciando desde el primer momento. El decreto del alcalde era ilegal", señala antes de apuntar que el documento de la Junta "revela además que el alcalde dictó un segundo decreto el 14 de mayo de 2026, por el que anuló el decreto ilegal. Es decir, el propio alcalde reconoció la ilegalidad de su decreto anulándolo", remarca.

Al respecto, la Asociación de Propietarios de Matalascañas indica que esta anulación se produjo el 14 de mayo, "un día antes del pleno ordinario del 15 de mayo en el que se votaron las ordenanzas de la ORA". Sin embargo, en ese pleno "ni el alcalde ni ningún miembro del equipo de gobierno mencionó en ningún momento la existencia de ese decreto anulador", así como "tampoco se mencionó en el pleno extraordinario del 21 de mayo".

"La ciudadanía, los concejales de la oposición y esta Asociación desconocíamos completamente la existencia de ese segundo decreto hasta recibir la comunicación de la Junta. Mientras todo esto ocurría en silencio, fuentes del equipo de gobierno difundieron públicamente, incluso en sede plenaria, que el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía había avalado la zona azul y había dado la razón al Ayuntamiento. Esta afirmación es radicalmente falsa y deliberadamente engañosa", dice la asociación.

En este sentido, señala que lo que hizo fue "inadmitir el recurso" por "razones de legitimación procesal, sin pronunciarse en absoluto sobre la legalidad o ilegalidad del contrato y del servicio" y considera que "afirmar lo contrario ante la opinión pública y ante el Pleno municipal constituye una manipulación intolerable de la información institucional".

"La realidad, acreditada ahora por documento oficial de la Junta de Andalucía, es exactamente la contraria. Mientras el equipo de gobierno proclamaba que tenía respaldo judicial, la Junta de Andalucía les estaba requiriendo formalmente que anularan su decreto por ilegal, cosa que hicieron en silencio el 14 de mayo", subraya la asociación.

Por todo ello, los propietarios señalan que "los hechos descritos tienen consecuencias jurídicas relevantes" como que "la anulación voluntaria del decreto por el propio alcalde, en respuesta al requerimiento de la Junta, constituye un reconocimiento implícito de la ilegalidad del acto", lo que supone "un elemento probatorio de primer orden para los procedimientos judiciales en curso".

"La ocultación deliberada de esa anulación en los plenos del 15 y del 21 de mayo, mientras se difundía públicamente información falsa sobre el supuesto aval del Tribunal de Recursos Contractuales, podría ser constitutiva de conductas contrarias a los principios de transparencia y buena fe que deben regir la actuación de las administraciones públicas, con las responsabilidades que ello conlleva", añade la asociación.

Finalmente, destaca que el servicio de ORA "carece, a día de hoy, de cobertura de cualquier tipo". "Ni existe el decreto, ni se han aprobado por el Pleno las ordenanzas obligatorias", que han sido rechazadas "en dos votaciones consecutivas", por lo que el servicio "no tiene a día de hoy respaldo legal de ningún tipo".

La asociación ha informado de que ha puesto los hechos "en conocimiento de la Fiscalía de Huelva, de la Junta de Andalucía y de la opinión pública", y continuará "ejerciendo todas las acciones legales disponibles hasta que se restablezca la legalidad en Matalascañas".