Las patronales CÍES y Ceacop recurren ante el Supremo el encargo del Gobierno a Ineco para el puente de la SE-40

SEVILLA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones empresariales CÍES y Ceacop han informado este miércoles de que han recurrido por lo Contencioso Administrativo ante el Tribunal Supremo el nuevo encargo del Ministerio de Transportes a la empresa pública Ineco, para la contratación de la redacción de los proyectos constructivos del puente previsto para el tramo de la autovía metropolitana SE-40 comprendido entre Dos Hermanas y Coria del Río; lo que se suma a la decisión de las patronales del sector de la ingeniería, federación en la que se integran las andaluzas ASICA, Ceacop y ASECI, de recurrir la medida ante la Audiencia Nacional.

Ello, en un marco en el que Ineco ha licitado ya por 4,5 millones de euros (IVA incluido) el contrato inicial para el cálculo de la estructura central del puente, incluyendo análisis en túnel de viento.

Recordemos al respecto que tras el encargo inicial del Ministerio de Transportes a Ineco, las patronales del sector de la ingeniería recurrieron ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio de Hacienda, que finalmente estimó uno de los motivos del recurso.

En su recurso ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, las patronales esgrimían la omisión de la metología BIM y además "la ausencia de justificación de que el encargo, supuestamente, representa una opción más eficiente, sostenible y eficaz que la contratación pública"; así como "la falta de concurrencia de las razones de seguridad o de urgencia que, eventualmente, pudieran aconsejar emplear la técnica excepcional del encargo en lugar de la licitación".

También alegaban "la infracción del límite legal del 50 por ciento de la subcontratación previsto en el artículo 32.7.b) de la Ley de Contratos del Sector Público, por pretender subcontratar gran parte de los servicios en un porcentaje del 60,87 por ciento, sin la debida motivación de las supuestas excepciones que permitirían subcontratar por encima del tope".

PETICIÓN DE ANULACIÓN

Dado el caso, las patronales solicitaban al Tribunal Central de Recursos Contractuales que anulase el anuncio y el documento de formalización del encargo y, en consecuencia, "los subcontratos derivados del encargo, licitados por Ineco.

Y tras resolver el asunto el Tribunal Central de Recursos Contractuales admitiendo el recurso de las patronales en el único aspecto de la omisión de la metodología BIM, el Ministerio de Transportes desistió finalmente del encargo impugnado, avisando de que en su dictamen, el tribunal "indica que la falta de inclusión de la metodología BIM dentro del encargo supone una vulneración de la Orden Ministerial PCM/818/2023 sobre el Plan de Incorporación de la Metodología BIM en la contratación pública"; una "omisión" que "ha implicado la estimación parcial del recurso y la anulación del encargo".

En ese sentido, ante el nuevo encargo del Ministerio de Transportes a Ineco una vez corregida esta omisión, las patronales de la ingeniería decidieron elevar el caso ante la Audiencia Nacional, mediante un recurso contencioso administrativo, al entender que "se vulnera la ley de régimen jurídico del sector público y la de contratos del sector público".

En concreto, esgrimen de nuevo que a su entender, "no está justificada la mayor eficiencia y eficacia del encargo directo frente a la licitación pública, pues Ineco no tiene experiencia en diseño de puentes y el encargo es más caro que una licitación"; y reiteran que se infringe el límite legal del 50% de la subcontratación, "al pretender subcontratar la mayor parte de los servicios (un 60,87%, que con el nuevo encargo será aún mayor), sin la debida motivación de las excepciones que permitirían superar el mencionado tope".

Ahora, CÍES y Ceacop han recurrido además ante el Tribunal Supremo, argumentando entre otros aspectos que con la reformulación del contrato, este alcanzó la cuantía de 13.120.000 euros y, "al superar los 12 millones, ha requerido de una autorización del Consejo de Ministros", autorización objeto del recurso. Lo que discuten las ingenierías, también en este caso concreto, es que en esas encomiendas "no cabe una subcontratación por parte del medio propio por encima de los límites legales, lo que probaría además la ineficiencia de Ineco para realizar por sí mismo el proyecto".

Las patronales denuncian así "el abuso por parte de la administración de los encargos a los medios propios, ya que reducen sustancialmente el tamaño del mercado privado del sector de la ingeniería y la construcción".

EL NUEVO PUENTE

El puente atirantado, que sustituye a los túneles inicialmente planeados e incluso contratados para este proyecto, tendrá un gálibo libre de 70,8 metros, 3.600 metros de estructuras singulares y se convertirá "en uno de los de mayor luz de España", según destaca la subdelegación.

El Gobierno central, como es sabido, ha apostado por prescindir de los túneles planeados inicialmente para el tramo Dos Hermanas-Coria y promover en su lugar este puente, que ya cuenta con su correspondiente declaración de impacto ambiental (DIA).

Las obras de los túneles habrían sido suspendidas en 2012, sin que el Ejecutivo del popular Mariano Rajoy retomase las obras en sus años de gestión, apostando el actual gabinete de Pedro Sánchez por un nuevo estudio informativo, bajo la premisa de que el proyecto original de los túneles resultaría inviable al ser detectado un grado de permeabilidad de los suelos superior al inicialmente previsto.

El Gobierno central, en ese sentido, admitía ya años atrás, al plantear el nuevo estudio informativo, que la solución del puente reduciría la inversión necesaria a unos 458 millones de euros frente a los 1.077 y 1.826 millones de las opciones de túneles y que el puente podría estar quizá listo en 2028 (según las estimaciones de aquel momento) y los túneles entre 2032 y 2036, siempre según los cálculos de aquellos tiempos.