Las magistradas Ana María Ferrer y Susana Polo creen que el ex presidente andaluz José Antonio Griñán debería haber sido absuelto del delito de malversación, uno de los dos por los que ha sido condenado --junto al de prevaricación-- por el 'caso ERE', al considerar que no hubo "dolo" en su actuación porque al situarse fuera de la Consejería de Empleo no participó en la ejecución de la fase final de los presupuestos, por lo que solo ven en él un "exceso de confianza" hacia sus compañeros de Gobierno.
